El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, propuso a Colombia crear una zona especial para que los pescadores de San Andrés puedan faenar en los nuevos límites marítimos en el Caribe definidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al resolver en un litigio limítrofe en noviembre (EFE).
"Yo le propongo al Gobierno de Colombia, al presidente Juan Manuel Santos, que cuanto más pronto mejor, podamos organizar estas comisiones que trabajen para que se pueda delimitar la zona (especial) que, por derecho histórico, el pueblo raizal podrá pescar con un permiso permanente", dijo Ortega.
La urgencia del presidente nicaragüense se debe, según él mismo explicó, a que el desconocimiento del fallo de la Justicia internacional por parte de Colombia tiene en incertidumbre a los pescadores de San Andrés, pues no saben a cuál de los países solicitar los permisos de pesca.
En un discurso en un acto oficial nocturno, Ortega habló incluso de la posibilidad de establecer una oficina consular en San Andrés, para determinar quiénes son los verdaderos pescadores de ese lugar y evitar que la actividad industrial y el narcotráfico resulten beneficiados con la moratoria nicaragüense.
El gobernante reiteró que no negará el derecho de pesca a los pescadores raizales, como se define la cultura característica propia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a los que también se les conoce como sanandresanos, pese a que Colombia no reconoce aun el fallo de la CIJ.
Industriales, con permiso
Pero advirtió que toda embarcación industrial deberá solicitar los permisos correspondientes a Nicaragua, que con ello ejerce la soberanía en las aguas que pasaron a su jurisdicción con el fallo de la Corte Internacional.
"Mientras tanto, le oriento a la Fuerza Naval, para que, a ojo de buen cubero, a las embarcaciones raizales, no les exijamos el permiso (de pesca)", orientó el mandatario nicaragüense.
El gobernante nicaragüense lanzó su propuesta tres días después de que Santos ordenó aumentar la presencia de la Armada en los límites con Nicaragua para defender los derechos de los pescadores de San Andrés, que denunciaron incidentes con autoridades de Nicaragua, lo que el país centroamericano ha negado.
Con su fallo del 19 de noviembre pasado, la CIJ dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a ese país en 2007, y otorgó a Nicaragua una franja marina que Bogotá calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el Gobierno nicaragüense en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
El Ejecutivo de Santos anunció el 28 de noviembre pasado su retirada del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la CIJ, en rechazo al fallo que redefinió las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua.
