Cuando nació la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), dimos por superado un grande obstáculo jurídico que impedía contar con una herramienta propia y adecuada para intervenir directamente el problema creciente de la densidad demográfica de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Era 1991, y creímos que con ese instrumento la esperanza de que un futuro con una población a la medida del territorio insular, y no desbordada, como constaba entonces, estaba a la vuelta de la esquina. Pero no fue así. El problema alcanzó ribetes de tragedia y el acelerado proceso migratorio del territorio continental al del Departamento Archipiélago prosiguió.
Y tan vertiginosamente, que las cifras de recién llegados se superaban rápidamente a sí mismas año tras año. De 61.040 habitantes en 1993 se pasó a 69.878 en 1999, a 71.440 en 2000, a 73.036 en 2001, y a 74.669 habitantes en 2002.
Es decir, el descontrol de aquel acelerado proceso migratorio, causa principal del crecimiento de la población, nunca se detuvo durante los años siguientes a la creación de la OCCRE. El peligro de acabar con los recursos naturales y ambientales del archipiélago, cuya sobrexplotación ya era más que evidente, y la avizorada insuficiencia de los servicios públicos fundamentales, también pasó de ser entonces una predicción apocalíptica de dos o tres pesimistas consumados a ser una realidad inminente.
Los artículos más críticos del decreto 2762 de 1991 fueron letra muerta durante la década siguiente. Empezando por las medidas para limitar y regular el derecho de circulación y residencia en el territorio insular, que fueron mayormente utilizadas para la expedición y entrega de las tarjetas de plástico a cada habitante (incluso a personas recién llegadas en desarrollo de actividades diversas y poco claras) y no para limitar y regular el flujo de nuevos inmigrantes.
La existencia de la OCCRE, además, dio origen a un nuevo tipo de corrupción que hasta la fecha ha resultado incontrolable, quien lo creyera, relacionado con la adjudicación de contratos y los permisos que otorga de acuerdo con sus competencias y las maniobras de algunos funcionarios que sacan provecho económico y político de la entrega de tarjetas de residencia.
Como el caso denunciado el 20 de mayo de 2022 por varios líderes raizales mediante audios en los que se escuchaba a algunos funcionarios de la OCCRE avisando anticipadamente ―a empresas o líderes de distintos sectores― de los operativos de búsqueda de gente indocumentada.
Y, actualmente, aunque hay plena conciencia de que reformar la entidad es una condición ‘sine qua non’ para ello, muchos intentos de reformarla ―a fin de volverla eficiente y oportuna en los mecanismos de control― han tropezado con las talanqueras que en su camino han colocado tanto el gobierno nacional como el departamental, y dirigentes políticos, mientras que la isla de San Andrés, en particular, sigue ostentando el preocupante record de la más superpoblada del Caribe entero.
¿Qué hacer al respecto? Es la pregunta que también ronda al nuevo gobierno departamental que empieza el 1° de enero de 2024. "Si todos lo desearan, las cosas cambiarían al instante", escribió en uno de sus cuentos Fiódor Dostoyevski ante esa misma pregunta.
En este caso, las reformas que amerita la OCCRE sólo requieren de voluntad política porque ya están identificadas las falencias y definidos los cambios necesarios. Lo más difícil ha sido la consecución de recursos de financiación de algunos, como el de la reubicación en territorio continental. Pero esto también ha sido estropeado por la ausencia de verdadera voluntad política, primordialmente.
Así que la respuesta a esta pregunta es la que más prontamente puede dar el gobierno entrante y, de una, emprender las acciones efectivas para concretar dichos cambios. Estas pueden constituirse en parte de las victorias tempranas que deben lograrse en 2024.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
