El fallo del 19 de noviembre pasado proferido por el Tribunal de Justicia de La Haya que nos cercenó derechos ancestrales ejercidos sobre el mar al pueblo raizal del archipiélago, es en lo absoluto vigente y efectivo. Por más evidente que resulta aceptar que la vida continúa, qué como decimos algunos: debemos fijar grandes metas colectivas con las oportunidades que nos revela la crisis, aún así no acaba el duelo.
Estamos ante la presencia de innumerables interrogantes al interior que no permite resignarse. Es el cuestionamiento constante sobre las actuaciones y las omisiones en la desastrosa defensa de nuestros intereses.
La última convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores realizada en la presidencia de la república el 12 próximo pasado, arrojó el contúndente resultado a favor de valores superiores de Colombia que no permiten revelar los contenidos de las actas con las deliberaciones sobre el diferendo Nicaragua/Colombia con propósitos de establecer responsabilidades en los gobernantes durante el proceso de una década.
Cómo nos gustaría poder solicitar explicaciones a ese cuerpo asesor que es de la más alta distinción, compuesto por los expresidentes, exministros de relaciones exteriores y otros expertos superiores.
Ronda entre los habitantes del Departamento algunas preguntas sin respuestas, aquí anoto unas:
¿Porqué no se incluyó a ningún raizal en los equipos para defender los intereses ancestrales para representar su posesión, sus tradiciones y sus relaciones de dependencia alimentaria sustancial con los mares en el archipiélago? Hubo aprobación en la Cámara de Representantes desde diciembre de 2001 en ese sentido, al inicio del proceso, además de constantes y repetidas peticiones y reiteraciones de los gobernantes y de grupos autóctonos y de otras fuerzas vivas en el departamento.
¿Porqué no se opuso con actuación jurídica por parte de nuestros agentes en el proceso frente a las decisiones tomadas en exceso por la Corte Internacional de Justicia en la providencia de finales del 2007 cuando por un incidente procesal de jurisdicción y competencia, el tribunal irrumpe además con unas decisiones sin duda de fondo, extra petita, cuando primero declaró la plena validez del tratado de 1928 pero al mismo tiempo negó parte constitutiva de ese instrumento contenida en las actas de canje de notas de ratificación al desconocer el meridiano 82 como límite fronterizo establecido por las partes?
Esa providencia fraccionó la unidad al establecer como componentes del archipiélago solo a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejando por fuera, en ese proveído, todas las otras islas, cayos, atolones, bancos y bajos que geográficamente la forman, y al abrogarse potestades para adjudicar pertenencia sobre el resto del territorio terrestre y marítimo del archipiélago como lo hizo en la sentencia de fondo.
¿Porqué en diciembre de 2007 cambiamos nuestra defensa del meridiano 82 como frontera, adoptada desde 1930 como posición colombiana, y porqué presentar una propuesta de línea media que entregaba lo mejor del territorio marino para pesca de langosta y caracoles en la conocida esquina de la Luna Verde?
En la visita a las islas de la ministra de Relaciones Exteriores en días pasados con el abogado asesor exterior Robert Volterra, se nos informó que su firma está contratada para hacer recomendaciones al gobierno nacional sobre las opciones jurídicas frente al fallo del 19/11 los que serían de Aclaración y/o Revisión según el reglamento de la CIJ, pero que estarían entregando sus opiniones en el próximo mes de mayo, sin más precisiones. Resulta, que haciendo cuentas, esas actuaciones jurídicas tienen un término de seis meses a partir de la sentencia…
