La Fiscalía General de la Nación pidió este miércoles la medida de aseguramiento en centro carcelario para siete de los procesados y domiciliaria para los otros dos en el caso derivado de la reciente operación ‘Diez por ciento’, de corrupción administrativa. La audiencia continuará.
Tras una prolongada jornada el ente acusador terminó de sustentar la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento contra los funcionarios (y ex funcionarios) de la Gobernación del Departamento capturados por presunta corrupción administrativa en la adjudicación de contratos de obras públicas, principalmente en la ejecución de las obras de los llamados ‘mega-colegios’ de San Andrés.
El ente acusador pidió detención en centro de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para siete de los indiciados y en domicilio para dos de los procesados: la ex secretaria de Educación, Edelmira Archbold y Juan Diego Alvis, ingeniero civil.
En tanto que contra Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura de San Andrés; Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica de San Andrés; Tatiana Pérez García, exsecretaria de Planeación de San Andrés; Elizabeth O´Neill, supervisora de los contratos en cuestión; Mauricio Rodriguez Cotua, contratista; Sergio Lever Whittaker, contratista; y Luis Albeiro Urrego, supervisor de contrato; se solicitó la detención en la cárcel New Hope de San Andrés.
Prolongada jornada, antecedentes y capturas
Al término de la presentación de los argumentos por parte de la Fiscalía, durante una jornada que se tomó cerca de doce 12 horas, los abogados de los procesados iniciaron la sustentación de los argumentos de la defensa para solicitar la inaplicación de la medida de aseguramiento.
Así las cosas, se aguarda que este jueves se retome la prolongada audiencia hasta que juez obtenga los suficientes testimonios y elementos de juicio para decidir al respecto.
Como se recordará, el 8 de octubre pasado la Fiscalía, a razón de la sonada operación ‘Diez por ciento’, encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de obras de construcción de ‘mega-colegios’ por alrededor de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000’000.000) en San Andrés.
Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas nacionales Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de los citados colegios, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.
La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley. El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los once mil millones de pesos ($11.000’000.000).
Capturas
Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación obtuvo ante los respectivos jueces de control de garantías 11 órdenes de captura contra las personas involucradas en este investigado esquema de corrupción: los nueve antes mencionados, la exgobernadora Aury Guerrero Bowie y el actual gobernador (suspendido), Ronald Housni Jaller, estos dos últimos aforados quienes siguen sus procesos en la capital de la República.
Por último, la Fiscalía también anunció que compulsará copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las acciones de su competencia respecto al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller, igualmente aforado, y hermano del gobernador Ronald Housni Jaller.
