El día antes de que la Corte Constitucional anunciara la trascendental decisión de admitir la adopción de niños y niñas por parte de parejas de un mismo sexo, los tres candidatos del gobierno para ocupar la silla de Mauricio González en dicha corte fueron sometidos a un interrogatorio en el Congreso.
Entre las respuestas que les dieron a varias preguntas de los congresistas se destacó la respuesta que diera Alejandro Linares a una pregunta referente al cabildeo en las altas cortes. Linares dijo que “un tinto no se le niega a nadie” refiriéndose a la posibilidad de que un magistrado reciba a alguien que quiere que lo oigan. Esta afirmación del candidato que finalmente resultó seleccionado fue objeto de controversia en los medios.
Ojalá los congresistas no lo hayan seleccionado porque creen que si les va a dar tinto también les va a hacer caso. Eso no va a suceder. El anunció que tiene el propósito de promover un código de ética en los altos tribunales, que hace mucha falta, y en toda su vida profesional se ha distinguido por sus altos estándares, su competencia y su conducta intachable.
Lo que probablemente quiso decir es que un juez no necesita ser autista o aislarse completamente para ser imparcial. Es claro que los jueces no deben discutir con personas ajenas a la corte casos que se discuten en ese tribunal, pero no es por ir a fiestas, por recibir a la gente o tomar tinto con alguien que los jueces se corrompen. Sin embargo, es prudente no tomárselo a solas con el visitante cuando se intuye que va a suceder algo que por lo menos puede resultar embarazoso o, peor aún, comprometedor.
Ahora que se han cumplido 30 años de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 se han divulgado muchos eventos conmovedores que han vuelto a abrir las heridas y tienen a Colombia con el corazón en vilo. Entre ellos, posiblemente el que tendrá mayores consecuencias, ha sido que el ministro de Justicia actual, hijo de uno de los mártires de esa tragedia, ha revelado la forma negligente o sospechosa como manejaron la seguridad del edificio y de sus ocupantes los responsables de su vigilancia al más alto nivel, que lo trataron de engañar y finalmente lo amenazaron para que no siguiera indagando lo que sucedió (ver columna del viernes de Patricia Lara en El Espectador).
Algo que no ha sido lamentado suficientemente, excepto por la semblanza de Carlos Horacio Urán que hizo Francisco de Roux, es que los destacados juristas que fueron sacrificados en el enfrentamiento a sangre y fuego entre la guerrilla y el ejército, o a la salida del Palacio de Justicia, pertenecían a una generación de abogados que se comportaban desde que eran universitarios de acuerdo a estándares éticos compartidos por los demás miembros de las altas cortes.
Una manera de honrar su memoria sería apoyar a Linares en su propósito de promover la aprobación de un código de ética que suscriban y hagan respetar los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema, de la Constitucional y los miembros del Consejo de Estado. Un código de ética que cuente con ese apoyo y el compromiso de quienes lo suscriben de informar cuando se tienen indicios de que algo no es correcto reafirmará las buenas costumbres y contribuirá a que los altos tribunales recuperen el respeto.
