Desmembramiento Raizal

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kentEl fallo del 19 de noviembre de 2012 proferido por la Corte Internacional de Justicia para la delimitación de fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia, a través del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; cumple 10 años y es sentencia inmodificable cuando también cumple el término previsto en el reglamento del máximo tribunal para admitir revisión.

Este único territorio y maritorio colombiano de ultramar en el Caribe sur occidental, que constituye aún frontera nacional con países en la América Central, es jurisdicción reducida.

Por otra parte, se cumplieron recientemente 200 años de la vinculación de los raizales y de sus territorios terrestres y marítimos, como lo son y fueron la Costa de la Mosquitia entre el cabo Gracias a Dios y el río San Juan y todas las porciones insulares y su mar al oriente desde Serranilla hasta Alburquerque a la República de Colombia.

Sin reacciones pertinentes, se comienza a quebrar nuestro espacio ancestral de tierra y de mar, cuando Nicaragua se toma la Mosquitia colombiana en 1894. En aquel momento se habló incluso, en círculos oficiales bogotanos, de que en ese territorio desatendido no había ‘intereses nacionales’ por defender, abandonando a nuestros nacionales y se legitimaron esos dolorosos hechos mediante la suscripción del tratado Bárcenas/Esguerra, sacrificando al rebelde George Montgomery Hudgson, natural de San Andrés, levantado en armas contra los invasores.

Ese instrumento de delimitación de 1928, indefinido e incompleto referente a las fronteras marinas que fue ratificado aceleradamente por Colombia, abrió las puertas para que los nicaragüenses pretendieran otras demarcaciones. En 1969 aparece la posición del meridiano 82 como frontera marítima entre estos países por mención incorporada en 1930 al acta de canje de ratificaciones del tratado Esquerra/Bárcenas.

No hubo diálogo posible sobre lo anterior y ante la puesta en vigencia el 20 de diciembre de 1999 del tratado Ramírez-López sobre la delimitación marítima entre las repúblicas de Colombia y Honduras, suscrito en San Andrés el 2 de agosto de 1986, Nicaragua acude ante el tribunal de La Haya obteniendo su anulación y prosigue entonces con las posteriores demandas contra Colombia por los territorios marítimos y terrestres de nuestro archipiélago.

Triste situación para los colombianos de Providencia, Santa Catalina y San Andrés que se constituyeron en habitantes de estos espacios desde hace 400 años; que son un pueblo indígena ancestral creol cuyo hábitat está en otras jurisdicciones nacionales, que han desarrollado su vida protegiendo la sostenibilidad del mar al que pertenecen, que han bautizado los sitios y lugares de pesca en toda esta región del Caribe suroccidental, que persiste, que es resiliente en permanecer con sus prácticas tradicionales de pesca y navegar sin perturbación en un territorio que le es y le fue propio al vincularlo a Colombia hace dos siglos.

Hace dos décadas cuando nos tocó la primera demanda de Nicaragua por el archipiélago les solicitamos reiteradamente a Colombia incorporar a raizales a la defensa de su territorio y solo reaccionaron después del fallo del 19 de noviembre de 2.012, en qué la Corte advirtió que de estar presente el factor humano y ambiental otra hubiera podido ser su decisión.

Y luego que los nicaragüenses adicionaron un par de demandas en el 2013, solo entonces aparecieron los originarios con el llamado ‘Raizal Team’, siempre pretendiendo un entendimiento mediante el diálogo y la negociación directa más que la contienda ante unos jueces de todas partes del mundo que no necesariamente perciben nuestras históricas y justas necesidades.

Los raizales logramos reconocimiento mundial al presentarnos en las audiencias públicas ante la CIJ en septiembre 22 de 2021 y su legitimación al ser considerados en el fallo de abril 21 de 2022. Aun sin tomarse determinaciones abiertamente en su favor, como pueblo ancestral no desistimos y tendremos otras oportunidades con la designación de la co-agente Elizabeth Yaylor Jay ante el tribunal de La Haya, al mismo tiempo embajadora itinerante en el Gran Caribe.

Estamos esperanzados, entonces, en las actuaciones del gobierno que se inicia para establecer una política estatal de protección integral a los legítimos intereses del Pueblo Raizal. ¡Que así sea!

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan

Última actualización ( Sábado, 19 de Noviembre de 2022 10:09 )