El magistrado José María Mow Herrera, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, confirmó la admisión de la demanda interpuesta por la Procuraduría Ambiental en contra de Sopesa S.A. E.S.P. y otras entidades, por no poner a funcionar por casi tres años la planta incineradora de residuos sólidos urbanos (RSU), valorada en 34 mil millones de pesos.