Por obligación, todas las entidades del Estado, contratistas o empresas de servicios públicos, deben realizar una consulta previa sobre sus obras con la comunidad étnica raizal de las islas. Al respecto, los veedores vienen reclamando la aplicación de esta normatividad en los grandes proyectos que se están realizando en San Andrés.
La observadora de la comunidad raizal Ofelia Livingston de Barker señaló que el grupo de consulta previa que existe en el Ministerio del Interior y Justicia, conceptuó que la licitación pública para la concesión de la energía, entre otros, debió surgir del proceso de consulta previa con el grupo étnico,.
Igualmente La líder raizal enfatizó que la Administración Departamental ha sido una de las entidades que ha desconocido la consulta previa y citó como ejemplos la consulta del Plan Departamental de Aguas y el proyecto de Cable Submarino de Fibra Óptica.
Las denuncias se han elevado ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo
