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Senado desacata el fallo de La Haya y sus nuevos límites

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Aunque el gobierno colombiano decidió presentar el recurso de revisión al fallo de La Haya que le quitó a Colombia cerca de 80.000 kilómetros de mar en el archipiélago de San Andrés, el Congreso colombiano adoptó una decisión más audaz: desacató formalmente la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El desacato se produjo esta semana, cuando la Comisión Segunda del Senado aprobó, en primer debate, el proyecto de la senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA) que propone nuevas normas sobre el territorio marino costero de la Nación.

El proyecto, según Moreno Piraquive, pretende proteger el patrimonio natural, cultural e histórico y establecer las formas de uso y aprovechamiento de los recursos marinos, a la vez de promover la investigación científica en la zona marítima colombiana.

De convertirse en ley (le falta un debate en el Senado y dos en la Cámara de Representantes), las nuevas disposiciones se aplicarán en todo el territorio y para tener claridad, el senador Juan Lozano (La U) propuso añadir un artículo en el que se definan explícitamente los límites del territorio marino colombiano.

Para ello incluyó en el proyecto el mapa oficial elaborado por el instituto geográfico Agustín Codazzi y lo hace parte integrante de la futura norma. Dicho mapa desconoce el trazado por los jueces de La Haya el pasado mes de noviembre, que prácticamente enclavó al archipiélago de San Andrés en aguas que pasaron a ser de soberanía de Nicaragua. La petición del senador Lozano fue respaldada por todos los partidos políticos.

Si el proyecto supera los tres debates que le restan, será la primera ley colombiana que ratifica el área geográfica de Colombia y que incluye el mapa del país tras el fallo de La Haya.

En el proyecto, y como medida de protección para el archipiélago de San Andrés y todos los islotes que lo conforman, se dispuso la prohibición de exploración, extracción y explotación minera en el subsuelo donde el gobierno colombiano ejerce soberanía. Según el mapa que acompaña esta futura norma, la soberanía nacional se ejerce incluso en las aguas continentales que le fueron despojadas al país con la decisión de la corte de La Haya.

El escenario del desacato fue descartado por el gobierno colombiano al calificarlo como “políticamente inconveniente”, por eso el presidente Juan Manuel Santos optó por interponer los recursos al fallo. Uno de ellos el la revisión. Quien ha pedido al gobierno colombiano desacatara el fallo ha sido el expresidente Álvaro Uribe, en cuyo gobierno Colombia presentó los alegatos para contrarrestar la demanda de Nicaragua, país que se vio beneficiado en la decisión de La Haya.

El costo de la soberanía

El Ministerio de Relaciones Exteriores no se presentó observaciones a lo decidido por el Congreso colombiano, que ha sido interpretado como el desacato al fallo de la CIJ. Quien sí lo hizo fue el Ministerio de Hacienda, que calificó de inviable uno de los artículos del proyecto, el que establece que el gobierno colombiano destinará dentro del presupuesto anual partidas para adquisición y mantenimiento de equipos de última tecnología y de nuevas unidades de flota marinas y submarinas para la investigación científica.

 

El ministro Mauricio Cárdenas pidió retirar ese artículo porque “podría presentar un impacto adicional anual para las finanzas públicas de 12.000 millones de pesos anuales, que le supondría un nuevo gasto al actual Gobierno cercano a 24.000 millones de pesos para el actual gobierno, y de 120.000 millones de pesos durante los próximos diez años. Por eso consideró que este proyecto se debe ajustar a los términos de disciplina fiscal vigente.

La senadora Alexandra Moreno Piraquive rechazó el concepto del ministro Mauricio Cárdenas Santamaría y cuestionó que el Gobierno debe invertir en su territorio costero. Esa falta de inversión, dice, es un mal mensaje para el país, sobre todo después de la derrota en La Haya, donde Colombia perdió más de 80.000 kilómetros de mar continental.

Tomado de 'Semana'

 

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