El Consejo de Estado, dio un plazo de seis meses a las autoridades del archipiélago de San Andrés y Providencia para que prohíba la pesca de tiburones en la región, mientras reglamentan las sanciones y multas que se impondrán a quienes infrinjan las medidas.
De igual manera, el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, ordenó la prohibición de la comercialización y distribución de cualquier producto derivado del tiburón.
El pronunciamiento lo hizo el organismo al acoger los argumentos de una acción popular, que reclamaba los derechos colectivos a un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico y el aprovechamiento de los recursos naturales, pues las especies de tiburón tigre, toro y martillo, están en vía de extinción en el archipiélago.
Sin embargo, el Ministerio de Agricultura se había opuesto a la pretensiones de la acción bajo el argumento de que si se tomaban medidas contra la pesca de esta especie, se iban a quedar sin empleo cerca de 300 familias, al igual que se fomentaría la pesca ilegal.
No obstante el Consejo de Estado le ordenó a ese Ministerio que en el plazo de cinco meses oficialice un plan nacional para la conservación y manejo de tiburones y rayas.
Así mismo, le ordenó a esa cartera y a la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura de San Andrés, que a un plazo no mayor de un año implementen planes que corrijan y reemplacen la pesca incidental, que consiste en la casa de a gran escala de varias especies, donde suelen caer los tiburones cuyas aletas, carne y aceite de hígado tienen gran demanda en el mercado.
Tomado de RCN Radio.com
