En esta segunda entrega, hablaremos de la responsabilidad del Estado frente a la problemática de la inseguridad y la delincuencia juvenil. Es preciso entender que el Estado representado a través del gobierno y las diferentes entidades públicas, tienen el deber de garantizar servicios y derechos como la salud, educación y atención integral de su población.
En especial de grupos vulnerables como lo es en este caso, los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto se materializa a través del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes-SRPA, contenido en el código de infancia y adolescencia, el cual a groso modo, es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que intervienen en la atención y juzgamiento de los adolescentes entre 14 y 17 años que se ven involucrados en la comisión de delitos.
Lo anterior, bajo un enfoque de derechos, con un sistema pedagógico y diferenciado del de los adultos, teniendo en cuenta las diferencias evolutivas entre ambos grupos.
Antes de seguir, quisiera que los lectores se detengan un momento y recuerden cuando eran adolescentes y respondan de una forma honesta lo siguiente:
- ¿Tenían la madurez y responsabilidad que tienen hoy en día?
- ¿Infringieron alguna vez una norma?
- ¿Obedecieron siempre a sus figuras de autoridad?
Ahora, luego de reflexionar un poco acerca de sus respuestas, piense en su hijo, sobrino o nieto, que esté en la adolescencia. Imagínese por un momento, que, por dejarse llevar por los amigos, comete un hurto, y como sanción, fuese privado de la libertad una larga temporada, alejado de su familia, encerrado en condiciones infrahumanas y sin recibir un tratamiento para sus problemáticas. ¿Estaría de acuerdo?, No creo.
Lo anterior, porque es usual leer comentarios en las redes referentes al tema, en donde un amplio sector aboga por el endurecimiento de las sanciones, la disminución de la edad de responsabilidad en los menores y su castigo como adultos. Al respecto, es importante precisar varios puntos:
-Colombia es un país con un historial de violencia de vieja data, con la coexistencia de grupos al margen de la ley como la guerrilla, autodefensas, bandas criminales y delincuencia común, lo que complejiza más este asunto y hace que, comparar las medidas tomadas en otros países resulte en mi opinión, inadecuado y poco realista.
-Los adolescentes son sujetos en proceso de formación y uno de los aspectos claves es entender que su corteza prefrontal (parte del cerebro crucial para la planificación y el autocontrol) termina de desarrollarse hasta los 25 años. Esto explica su impulsividad, inmadurez y toma de decisiones irracionales.
-El delincuente no nace, se hace, y existen una serie de diferencias individuales y ambientales que lo explican.
-La utilización y reclutamiento de menores de edad para la comisión de delitos por parte de adultos y grupos al margen de la ley es una realidad.
-El estado colombiano tiene ratificados varios tratados internaciones que hacen inviable la disminución de la edad de responsabilidad penal (menos de 14 años), imposición de cadena perpetua, pena de muerte y en general sanciones extremas (contrario a lo que el populismo punitivo trata de vender)
-Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones y son independientes entre sí, por lo que cabe recordar que las leyes las hacen en el congreso, los jueces de la república las deben hacer cumplir y el gobierno debe implementar sus programas y proyectos en pro de la comunidad, entre otras cosas.
Con lo anterior, no quiero enviar el mensaje de que los adolescentes y jóvenes no deben responder por los delitos que cometen, por el contrario, la reflexión gira más en torno a que existen argumentos sólidos que sostienen la razón de ser del SRPA y que, luego de casi 20 años de la creación de la ley 1098 de 2006, la discusión debe girar en torno a cubrir algunos de sus vacíos normativos y procedimentales y en cómo las tres ramas del poder se pueden articular de una forma más efectiva.
A propósito, actualmente cursa en el congreso de la república, un proyecto de ley para modificarla, en especial en lo referente a este sistema, buscando, entre otros aspectos, endurecer las sanciones para delitos graves, con el fin de desestimular la instrumentalización de menores de edad por parte de organizaciones criminales.
Hay un largo camino por recorrer ya que no hay salida fácil para un flagelo que lleva cosechándose hace más de 20 años. Sin embargo, considero que, desde la institucionalidad, se debe aumentar la presencia estatal en los distintos entornos, llevando los servicios sociales en salud, educación, deporte, recreación y cultura de forma permanente y como parte de programas bien estructurados y articulados, en los diferentes niveles de prevención, poner en funcionamiento el Observatorio del Delito.
Y, por último, replantear el tema de la seguridad ciudadana, no sólo desde el aumento del pie de fuerza y tecnología, sino por medio de estrategias bien definidas que permitan que la policía tenga una capacidad de reacción más eficaz en los diferentes puntos críticos y focos ya identificados, y que, nosotros como familia y comunidad, nos empoderemos más y creemos frentes de seguridad en los barrios, alarmas comunitarias y algo muy importante, dejemos de ser tan pasivos y en cierto modo cómplices de estas conductas, aspecto que abordaré en la tercera y última entrega referente al rol de la sociedad.
* Psicóloga y Magíster en intervención social
------------------
Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
