Paso 1. El encarecimiento de lo básico sin alivio visible. En la Revolución Francesa, los impuestos fueron aceptados mientras parecieron temporales; dejaron de serlo cuando el sacrificio se percibió desigual y el precio del pan volvió cotidiana la injusticia.
En la isla, el mecanismo se reconoce cuando los costos portuarios y logísticos empujan hacia arriba los precios: los sobrecostos acompañan la subida del dólar, pero no retroceden cuando baja. El efecto no es técnico; es doméstico: ingresos que no alcanzan y la sensación persistente de pagar por decisiones tomadas lejos. Lo básico no crea el conflicto; lo vuelve insoportable.
Paso 2. La erosión lenta de la credibilidad estatal. Los grandes imperios enseñan este paso sin épica: cargas fiscales crecientes, privilegios sostenidos y reformas tardías mantienen el aparato en marcha, pero vacían la lealtad. El centro sigue operando mientras la confianza se adelgaza. En clave insular, esta fragilidad aparece cuando necesidades básicas funcionan a medias —servicios que existen en el papel, pero responden tarde—. No hace falta una crisis abierta: basta la intermitencia para que el vínculo con el Estado se vuelva frágil.
Paso 3. Corrupción como rutina que cancela futuro. Las revoluciones rusa y mexicana coinciden en una lección: la corrupción no solo empobrece, clausura el porvenir. En un caso, guerra y escasez, administradas por una élite distante, cerraron cualquier expectativa de mejora; en el otro, la concentración de la tierra anuló la movilidad social. Trasladado a la isla, supongamos una administración que, en ciclos electorales, recurre a la hipercontratación previa a la ley de garantías.
No sería un desorden aislado: más bien un método para asegurar lealtades temporales. Contratos breves sustituyen empleo estable; el favor reemplaza al derecho; la promesa inmediata desplaza cualquier proyecto de largo plazo. Así, la corrupción administra expectativas y bloquea oportunidades para la clase trabajadora.
Paso 4. La violencia como producto de una ausencia estatal sostenida. Aquí la violencia no surge del ciudadano frustrado, sino del delito que se aprende y se consolida cuando el Estado se retira de funciones básicas. Un delincuente no aparece de manera espontánea: se construye donde la escuela deja de contener, la ley se aplica de forma selectiva y la ilegalidad resulta más rentable que cualquier trayecto legítimo. La desescolarización masiva es un eslabón temprano.
En las islas, la mala gestión de los llamados ‘megacolegios’ alrededor de 2016 dejó a más de 600 niños y adolescentes por fuera del sistema educativo en momentos críticos. Ese vacío no fue neutro: cuando la escuela desaparece, otros actores ocupan el tiempo, el lenguaje y el sentido de pertenencia. Sumadas la tolerancia intermitente a infracciones, la falta de sanción efectiva y la convivencia con economías ilegales que ofrecen ingreso y protección, el delito se normaliza como opción racional.
La historia no se repite de manera mecánica, pero rima. Cuando se alinean el encarecimiento de la vida, el privilegio visible, la corrupción persistente y la violencia como síntoma, el futuro deja de ser promesa y se vuelve amenaza difusa. Leer estas señales no convoca una ruptura; ignorarlas, una y otra vez, nunca ha sido una estrategia sostenible.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
