El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) continúa la socialización del borrador de un decreto que propone cambios en el Registro Nacional de Turismo (RNT) en pro de establecer reglas claras entre los distintos prestadores de servicios turísticos en el país, principalmente para los hoteles y otros sistemas de alojamiento. Opiniones en San Andrés.
El tema se ha tornado álgido entre los usuarios de las aplicaciones de alquiler turístico (como Airbnb y Booking), puesto que para algunos, de aprobarse la normativa propuesta, se podría desincentivar el alquiler de estas viviendas (conocidas como de ‘renta corta’) porque se endurecerían los requisitos para optar por este tipo de negocio.
En el borrador expedido por el Ministerio (consúltelo aquí) se sugiere, por ejemplo, que quienes deseen poner en alquiler viviendas turísticas deberán adjuntar certificados de uso del suelo (POT), expedidos por autoridades municipales. En el caso de apartamentos, los interesados deberán allegar el reglamento de propiedad horizontal donde se autorice explícitamente la prestación del servicio de alojamiento.
Gremios turísticos: de acuerdo
Respecto al tema, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) han dado ya su concepto a favor del contenido del borrador de esta propuesta que impulsa el Gobierno nacional (y que sigue presta a comentarios y modificaciones), argumentando básicamente que el crecimiento del turismo debe ser ordenado y legal.
En efecto, José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, sostuvo la semana pasada que no se trata de prohibir la actividad ni la operación de plataformas, sino de establecer las “condiciones mínimas de cumplimiento que permitan equilibrar las cargas para todos los actores del mercado”.
De igual manera, ha defendido el decreto porque promueve la transparencia y protege a la niñez de la explotación sexual comercial, al exigir verificaciones que hoy son laxas en el entorno digital, alineando a Colombia con regulaciones que ya operan en países europeos y en Estados Unidos.
Dicha posición es respaldada por Paula Cortés, presidenta de Anato, quien destaca la importancia de la interoperabilidad tecnológica propuesta en el decreto.
Para la dirigente gremial, es fundamental que “exista un cruce de información entre el Ministerio, las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio para facilitar la identificación de los operadores turísticos”.
Desde su óptica, el objetivo no es la desaparición de las plataformas, sino que estas se regulen bajo parámetros de “seguridad, calidad e igualdad de condiciones”, tal como se exige a los demás prestadores de servicios turísticos en el país.
Opiniones en San Andrés
Ante la relevancia del tema para el Archipiélago, que basa su economía principalmente en la actividad turística, EL ISLEÑO dialogó con algunos actores del sector para conocer su opinión.
Por ejemplo, Julio García, presidente del capítulo San Andrés de Anato, dijo que la iniciativa está apenas en borrador, pero que espera que esta surta el efecto planteado a fin de poner reglas claras y comunes a todos.
“La verdad, los formalizados estamos en desventaja porque no toda la gente está pagando impuestos; y eso hace muy difícil la operación cuando personas como nosotros sí lo hacemos, adicional a que pagamos empleados, servicios públicos y todo lo que implica prestar un buen servicio. Encontrarse con hospedajes al 60, o al 65 % del precio normal, hace que la competencia no sea justa”, recalcó.
El dirigente manifestó, adicionalmente, que esta situación también ha propiciado que en las grandes ciudades se encarezca la vivienda, “porque muchas personas han optado por convertir sus segundos pisos en hospedajes informales, lo que vuelve complicado hoy en día conseguir donde vivir a precios módicos. Por eso es urgente que nos regulemos todos”.
Medida necesaria “para controlar la competencia desleal”
Igualmente, Pedro Abello, presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Alójate Inn), comentó que este tipo de decretos y reglamentos son buenos para frenar la informalidad y la ilegalidad.
“Para mí este tipo de reglamentaciones son sanas para la actividad turística, porque permiten que los turistas viajen y tengan alojamientos que estén legalmente registrados, y que cumplan con las normas; porque hay un montón de reglas en el Registro Nacional de Turismo que unos estamos cumpliendo pero que otros no. Por eso es bueno que haya ese control”, destacó.
Así mismo, señaló que esta actualización es fundamental para controlar la competencia desleal, porque no se están pagando los impuestos del caso y porque, incluso, muchos establecimientos no cuentan con RNT.
“De ahí que se presenten tantas estafas en turismo, porque se reserva en sitios que no están legalmente constituidos o en establecimientos ‘fantasmas’, así que la gente hace el depósito y lo pierden porque dichos alojamientos no existen. Por tal motivo estoy a favor de que se reglamente debidamente, porque la normativa debe ser para todos”, añadió.
Otras miradas
De otro lado, esto dijo Clotilde Henry, presidenta de la Asociación de Posadas Nativas de San Andrés y Providencia:
“El proyecto de Decreto, al parecer, está orientado principalmente a exigir a los dueños de viviendas y apartamentos, que no están formalizados, a que registren su negocio y cumplan con los requisitos como prestadores de servicios turísticos; y como las posadas nativas y la mayoría de los alojamientos del Archipiélago tenemos RNT, seguramente nos va a beneficiar la aprobación del mismo. Sin embargo, tenemos que analizar el tema con mayor profundidad para dar una opinión más sólida”.
Igualmente, Jennifer Yepes, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, indicó que el documento está siendo revisado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y que hasta que su equipo técnico no expida concepto ella no se podrá pronunciar.
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