Hace un par de meses asumí el liderazgo de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, de la Cancillería. Como mujer raizal, académica y como habitante de frontera, dicha designación no puede ser más significativa, pues se trata de hacer tangible la inclusión de lo étnico y lo territorial como una apuesta por un cambio de perspectiva en el país._Testimonio.
Una nación en donde los territorios alejados tanto en lo cultural como geográfico cuenten con la oportunidad de ser, de forjar su desarrollo y destino, basado en sus prioridades y capacidades.
Colombia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor desigualdad. Esta es una verdad incómoda cuya génesis se anida en más de cinco décadas de guerra (quizás, la más larga en la historia); en la manera como el país ha cimentado las bases de su sistema político y económico, afincado en el centralismo y en la alta concentración de tierras y riqueza. Desmontar esto, por supuesto, no ha sido un esfuerzo común y mucho menos, continuo y sostenido.
Por el contrario, la permanente tensión entre lo nacional y lo local, la inseguridad, la pobreza, las disputas políticas y territoriales, la corrupción, se han convertido en los principales distractores para resolver preguntas apremiantes, por ejemplo: ¿cuáles son los desafíos para hacer de los territorios las bisagras que facilitan la integración entre países?; ¿de qué manera los territorios pueden prepararse y fortalecer sus propias capacidades para encontrar el desarrollo?; ¿cómo lograr una soberanía social, con una presencia del Estado pertinente y más positiva?
Intentar resolver estas cuestiones, constituye en un esfuerzo reciente, sin embargo, aún no llegamos a las respuestas que necesitamos. Colombia a pesar de contar con una producción normativa significativa asociada a las fronteras (ley 191 de 1995.y la ley 2135 de 2021); de lograr un documento CONPES de Frontera (3805 de 2014) y de implementar programas y planes para alcanzar la prosperidad en las fronteras, sigue enfrentando retos para la focalización de políticas, de acciones e inversiones multidimensionales y multisectoriales, de modo que permitan impulsar el desarrollo en las regiones, los departamentos y municipios fronterizos.
Definir el desarrollo desde lo fronterizo, además de necesario, resulta todo un desafío. Para algunos podría tratarse de un término perverso, cargado de un sesgo desarrollista que da protagonismo a la tiranía del mercado y excluye a las comunidades de sus beneficios. Para otros, en cambio, se trata de lograr un desarrollo basado en la potenciación de las capacidades territoriales y comunitarias, de dar relevancia a esos factores diferenciadores que proyectan a los territorios a estadios menos inhumanos, más sostenibles e incluyentes. Allí, valores como la autonomía, la interdependencia y la resiliencia son claves para alcanzar un desarrollo fronterizo con identidad. Siendo honesta, admito que me inclino por esa segunda definición.
Sin embargo, pensar lo fronterizo no ha sido un esfuerzo trabajado desde la unidad de sectores ni desde el reconocimiento de las diferencias. Existe una suerte de vacío que deja en evidencia la falta de comunicación, la descoordinación y la incomprensión de los territorios y sus búsquedas. Como país, estamos acostumbrados a que la dirección y las instrucciones vengan desde lo nacional, sin dar cabida a las aportaciones que devienen de lo local. Esta nefasta tradición es lo que muchas veces ha impedido el diálogo y la construcción de nación, que también parte de lo diferente, desde lo que muchos consideran “subalterno”, incluso, inferior.
El cambio de perspectiva ocurrirá en la medida en que logremos entender que la ruta para el desarrollo de los territorios en frontera no puede ser algo impuesto ya que requiere de un gran acuerdo entre lo nacional y lo local, del esfuerzo técnico, la planeación, la participación social y la inversión tanto pública como privada.
Algunas frustraciones...
Con más de diez años de vigencia, el CONPES 3805, la política pública por excelencia sobre las fronteras no alcanzó a implementarse con plenitud. Según la evaluación realizada por la agencia de cooperación USAID, parte del fracaso de la política fue no haber obtenido fuentes de financiación propias que permitieran priorizar inversiones en los territorios de frontera. La mayoría de las apuestas se descontinuaron y las inversiones quedaron supeditadas a lo que proyectaba cada ministerio o sector.
Asimismo, los cambios de enfoque y de prioridades en el gobierno central incidieron en la falta de seguimiento y sostenimiento de lo “exitoso”. Lo que hoy por hoy, nos pasa una costosa factura, pues, gran parte de las problemáticas identificadas como retos en la implementación del acuerdo de paz, aumentaron, entre estos: las desigualdades, la pobreza, la inseguridad, el recrudecimiento del conflicto entre actores ilegales, la migración y trata de personas, por mencionar algunos.
Esto sin dejar de mencionar que, durante la era del COVID-19, los territorios aislados y fronterizos perdieron conexión con los altos niveles de las decisiones, principalmente, concentradas en el centro del país. Quizás, las prioridades eran otras, se trataba de sobrevivir a una pandemia con insospechados efectos y resultados.
Esta situación o falla estructural, (me refiero a la desconexión) nos plantea el reto de volver a conectar con los territorios, para empatizar con sus necesidades y, al mismo tiempo, jalonar procesos que involucren a las diferentes entidades relacionadas con la solución tanto de los viejos como nuevos problemas
Una manera de priorizar y poner el foco sobre los territorios se sustenta en la apuesta por la apropiación e institucionalización del enfoque territorial de frontera en todos los niveles del Estado. Sirve aclarar que, si bien la frontera como un hecho social y geográfico no es algo nuevo, si es una situación que nos exige reconocerla y tratarla diferente; como aquel lugar en donde confluyen problemáticas y situaciones que requieren soluciones especiales y, en algunos casos, inéditas y particulares.
Por ejemplo, no es lo mismo pensar en proyectos productivos agrícolas en lugares pequeños, escasos de agua, afectados por la sequía de otros lugares cuya tierra es rica en nutrientes y con grandes extensiones de tierra. Esta situación, pone en perspectiva el hecho de que no existen fórmulas universales y que, estas no se aplican a todos los contextos. En ese sentido, contar con una Dirección para el Desarrollo y la Integración fronteriza puede contribuir a la interlocución de los territorios de los confines con otras agencias y niveles del Estado para poner en relieve estas cuestiones y articular las acciones intersectoriales e inter-agenciales pertinentes.
La insularidad: ¿un enfoque territorial posible?
En diversos espacios de discusión y reflexión he sostenido que la insularidad, además de ser un referente conceptual que explica la forma de ser o sentir de los que nacimos y habitamos las islas, también es una perspectiva que nos permite pensar lo territorial y lo fronterizo.
En España, la Universidad de las Islas Baleares en conjunto con instituciones estatales se han planteado el estudio de la insularidad no solo como un hecho geográfico que tiene implicaciones en la cultura y en la sociedad, sino como un enfoque de política pública. Este ha sido un mensaje claro y contundente de la Cátedra de la Insularidad, realizada en 2024.
Después de largas discusiones, los académicos y los tomadores de decisiones baleares llegaron a la interesante conclusión sobre la necesidad de construir una mirada propia, es decir, desde lo insular, para el abordaje de fuertes desafíos, como los altos costes de vida, la migración, el transporte, la salud, la seguridad alimentaria entre otros.
Los estudios del Caribe, bajo diferentes denominaciones (anglófono, francófono e hispano) se han acumulado estudios específicos sobre islas grandes y pequeñas, archipiélagos y departamentos de ultramar. Todos ellos presentan en común el acento en la búsqueda de soluciones inéditas y particulares para estos territorios vulnerables y finitos.
En el caso concreto de lo colombiano, infortunadamente, la mirada sobre las islas y el desarrollo de un enfoque territorial insular no ha sido la preocupación en los sectores estatales. Interesante contradicción cuando en el país existen cerca de 74 islas entre los océanos Pacífico y Caribe.
Estos territorios frágiles conformados por tierra, arrecifes coralinos y agua han sido tomados, apropiados y, en algunos casos “han sido objeto de relleno” para ganarle territorio al mar. Aunque estos fenómenos han sido analizados por académicos de las Ciencias Sociales y de los Estudios ambientales, el diálogo ha sido distante; evadido por las autoridades estatales y por actores del sector privado. En este sentido, urge tender puentes para comprender que las fórmulas convencionales utilizadas en lugares continentales no necesariamente funcionan para lo insular.
Todo esto para concluir que el posicionamiento de un enfoque territorial con acento en lo fronterizo es una oportunidad para allanar el camino hacia la apropiación positiva de un enfoque insular como un distintivo, una marca que guía la senda para un desarrollo territorial con identidad* Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza
* Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza.
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