El Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence detalló algunos aspectos importantes, de lo que llama “Proceso de Reconstrucción Fase II” de Providencia y Santa Catalina y que iniciará este 2025. Reparación óptima de viviendas, garantía de zona segura y peritaje técnico, entre los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.
Según dio a conocer el colectivo, en la última reunión de consulta previa celebrada entre representantes del Pueblo Raizal y del Estado, tales como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron 26 los acuerdos que deben cumplir las entidades gubernamentales.
El más importante, para ellos, es la reparación e intervención de 1.831 viviendas; construcciones que contarán con un peritaje técnico previo y la edificación de una zona segura.
Otro de los anuncios del Movimiento es que para el próximo primero de febrero, la UNGRD deberá informar a los pobladores de las islas de Providencia y Santa Catalina, el origen, la cuantía y la ruta de inversión para cumplir con el acuerdo de intervención de las viviendas señaladas, las cuales fueron objeto de la llamada ‘reconstrucción’ después del paso del huracán Iota, el 16 de noviembre de 2020.
Génesis de la ‘Reconstrucción fase II’
Cabe recordar que la fuerza de ese ciclón se llevó el 98% de la infraestructura del municipio y que, tras superar los primeros días después del mismo, el Pueblo Raizal se sentó con los responsables del proceso de reconstrucción y presentó cuatro modelos de casa de habitación. En esa reunión quedó claro que lo más importante era no sólo respetar la arquitectura isleña, sino garantizar una zona segura para las familias.
Sin embargo, según la Veeduría Cívica, estas conversaciones fueron desoídas por los funcionarios del Gobierno (en ese momento), quienes finalmente impusieron sus propios modelos. De hecho, fueron esas decisiones unilaterales adoptadas por la UNGRD y por la Gerencia de la Reconstrucción, a espaldas de la comunidad, las que llevaron a que este Movimiento interpusiera una tutela por la defensa de los derechos del Pueblo Raizal.
Dicha acción popular fue decidida en última instancia por la Corte Constitucional de Colombia, encontrando pertinente la protección solicitada, por lo cual se expidió la Sentencia T-333 de 2022 como una herramienta de restitución de derechos del Pueblo Raizal; uno de ellos, el derecho a una vivienda digna.
Peritaje técnico
Para poder cumplir a cabalidad con la intervención de las viviendas, la UNGRD también acordó, durante la consulta previa, contratar un peritaje técnico externo para la corrección de las 1.831 viviendas construidas o reparadas por el Estado en esa etapa.
Dicho peritaje inició el pasado 29 de noviembre y deberá terminar el 30 de junio de 2025. Esa revisión debe tener en cuenta la superestructura de las casas, los muros, la cubierta, los acabados y las redes; y estimará, al final del mismo, la gravedad de los daños y falencias de las reparaciones en las viviendas intervenidas.
Zonas seguras
La nueva intervención a las casas de habitación deberá garantizar una zona segura, que como en las primeras conversaciones, quedó en claro debían ser construidas en concreto.
Estas zonas seguras deberán tener el área suficiente para albergar a la familia residente (lo que se ha estimado en al menos un baño y una habitación), y debe tener las garantías para resistir vientos huracanados de máxima categoría.
El Movimiento de Veeduría Cívica recalcó, en su información, que el garantizar una zona segura no solamente es una medida de reparación, sino también de prevención, dado que su atención asegura que, en caso de un evento parecido al Iota, la comunidad tendrá un albergue en su propia casa.
Aclararon, igualmente, que las nuevas reparaciones se limitarán a la infraestructura existente hoy; es decir, en ningún caso se tendrá en cuenta una nueva construcción.
“La hoja de ruta que se establecerá a partir del próximo primero de febrero, se estará comunicando de manera oportuna a toda la comunidad”, concluye la publicación de la Veeduría.
