Todo apunta a que el gobierno nacional desea poner punto final al diferendo con Nicaragua a través de un diálogo enmarcado por la integración con dicho país y con el Caribe, incorporando factores multidimensionales de desarrollo, cooperación regional y acercamiento étnico.
Lo anterior, bajo la premisa de que la construcción de una región de integración es la mejor garantía para poner fin a la disputa territorial de 40 años y de lograr que la opinión pública la acepte. El problema es que el tiempo apremia y si bien existe una visión ecuánime y muy conveniente para las islas, hay una palpable ausencia de estrategia, vehemencia y esfuerzo en configurarla y en ejecutarla.
La estrategia es una consecuencia lógica del fin de la disputa legal en La Haya. Como también un triunfo del Pueblo Raizal por la presión que se ha ejercido desde las islas para que se generen políticas regionales a lo largo de nuestros intereses regionales y étnicos y de que se enfatice, por ejemplo, la geografía etnográfica isleña.
Una minuta que busca que nuestras islas y las áreas en disputa asuman la iniciativa en los procesos de integración para así bajar las tensiones y llegar eventualmente a un acuerdo. Esto implica una menor concentración en las fronteras legales y políticas y una mayor atención en los espacios étnicos que sean congruentes con el grupo étnico habitante a ambos lados de la frontera con Nicaragua.
La etnicidad raizal
El significado histórico de lo anterior merece ser resaltado. Por fin un gobierno nacional incorpora la geografía y la etnicidad raizal como elementos de desarrollo basado en el territorio y su gente con objetivos de cohesión y la frontera con Nicaragua ya no es vista como un espacio de disputa sino como uno de desarrollo, cargado de oportunidades de todo tipo.
Desde luego no es algo exento de tensiones y está todo propenso a las vicisitudes del gobierno nicaragüense y desde luego de gobiernos colombianos de turno que prometen y prometen pero en últimas poco entregan.
Las tradicionales fronteras físicas y legales pierden relevancia en el contexto de un espacio étnico compartido por 400 años. Las líneas divisorias en territorios étnicos generan detrimento económico y cultural y niegan oportunidades socioeconómicas y socioculturales. La aproximación del actual gobierno nacional apunta a disminuir esos impactos negativos con un énfasis en dimensiones étnicas, desarrollo sociocultural y socioeconómico.
Todo facilitado por una menor preocupación por su soberanía nacional sobre el archipiélago ya que aunque el fallo de La Haya de 2012 entregó pérdidas, también trajo certezas. Y además no hay temor al surgimiento de un ‘nacionalismo raizal’. Esto proyecta un mayor protagonismo y poder de influencia al poder étnico y una acomodación regional a la disputa territorial binacional.
Pero, lo más importante es que apuesta a dar apertura a interacciones para generar oportunidades de desarrollo, algo también facilitado porque con el Caribe estamos unidos por el mismo cordón umbilical marítimo, histórico, cultural y lingüístico y porque compartimos preocupaciones comunes.
Esto a través de espacios físicos, étnicos y comunitarios que ayudan no solo a maximizar oportunidades, sino también a cerrar las brechas políticas y diplomáticas, volver a acercar las conexiones etnoculturales congénitas que hemos tenido con el Caribe desde 1629, y dar por terminada la introspección encauzada hacia lo colombiano por la disputa territorial con Nicaragua que nos aisló del Caribe (aunque no para el narcotráfico, la llegada de armas y el tráfico de migrantes).
Acciones, por favor
Para los isleños la pertenencia al universo caribeño va más allá de los límites geográficos y políticos. Las aguas dejan de ser una posesión estratégica, y más bien son un espacio cultural y étnico que refuerzan una identidad en peligro. Las culturas no tienen fronteras. Una visión que empata con el marco de convivencia social y de naturaleza pacífica de los isleños con Nicaragua y el Caribe aún existente tras 40 años de disputa territorial. Esto ayuda a dinamizar la frontera con el Caribe en lo étnico, comercial, económico, cultural y de cooperación para perseguir espacios y oportunidades de desarrollo.
No es algo al azar sino un resultado lógico del fin de la disputa legal en La Haya que obliga a buscar una salida negociada. Hay muchos conectores o vectores que facilitan el diálogo, el principal siendo la actitud favorable raizal de un entendimiento con Nicaragua a través de la protección ambiental, la pesca y un comercio de productos baratos con dicho país que puede traer progreso social porque abarataría la canasta familiar isleña.
La problemática de la pesca
Si bien el categórico rechazo de los jueces de La Haya al intento de Colombia de hacer que Nicaragua otorgara derechos de pesca a nuestros pescadores artesanales en aguas perdidas y en cambio exhortó a dialogar para lograrlo; es necesario abordarlo con cuidado. Si Nicaragua accede a darnos derechos de pesca, es muy probable que pida reciprocidad para los suyos en nuestros ricos cayos.
Convendría si ello pasa que el Gobierno Nacional aborde el tema de pesca con la misma consistencia y solidez de su ‘realpolitik’ en atención al diferendo con Nicaragua que implicaría de ser necesario abandonar el tema como eje de negociación.
En todo el esquema de diálogo, acercamiento e integración es necesario que la Gobernación adopta una postura más relevante y activa. Que espabile y piense en la geografía del desarrollo, en gestiones y en una economía transfronteriza, en dinamizar la frontera, en manejar los escenarios de incertidumbre y no dejar todo a un gobierno nacional ocupado en múltiples frentes. Debe abandonar su indiferencia histórica hacia el Caribe.
Su reticencia o laxitud podría obedecer al temor de que el traspaso a los isleños de la batuta de responsabilidades en relación a diferendo, que es ahora de menor relevancia nacional, podría traer como consecuencia un menor interés nacional en las islas y en consecuencia menos recursos para mejorarlas. Y los recursos son realeza y fortaleza.
Tanto la Cancillería como la Gobernación deben finalmente poner sus cartas sobre la mesa, ejecutando la dimensión caribeña a sus visiones desarrollo y potenciar a las islas aprovechando nuestro espacio limítrofe compartido, algo que hacen otras gobernaciones fronterizas. Solo así lograrán que los intereses locales sean parte integral y no transversal o periférico del acercamiento al Caribe y de la política exterior colombiana.
Deberían comenzar con la activación de la Comisión de Vecindad con Nicaragua, como hace poco hicieron con la de Jamaica.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
