Al cierre de la vigencia 2023, la representante a la Cámara por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Elizabeth Jay-Pang Díaz, brinda un análisis de lo acontecido en el Archipiélago este año; así como sus expectativas, frente al Gobierno Departamental elegido para el próximo cuatrienio. Balance.
¿Qué mirada tiene de lo ocurrido en las islas durante 2023?
Las islas este año atravesaron el momento más difícil de su historia económica, social y política; las estadísticas y los hechos así lo demuestran, dado que nuestra única industria cayó considerablemente. Y esto no ocurrió sólo por la crisis aérea del país; sucedió porque nunca nos preparamos para una situación como ésta, aun cuando la pandemia nos puso en sobreaviso.
En realidad no aprendimos de ese momento, y ese proceso no se dio por la falta de liderazgo del Gobierno Departamental que, por un lado nunca utilizó los recursos que se destinaron desde el orden nacional, a través del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías; y porque no implementó políticas públicas, no invirtió correcta y transparentemente los recursos propios, y mucho menos se interesó realmente en los problemas sociales que la crisis económica generaba.
En este sentido, considero que en el 2023 se agudizaron aún más las problemáticas ya existentes, con el agravante que salieron otras nuevas, que hoy representan retos para el nuevo Gobierno y para el Gobierno Nacional. Para ello, estaré haciendo mi trabajo desde el Congreso, como lo he hecho siempre.
¿Qué expectativas hay para el Archipiélago en el 2024?
Las expectativas son muchas, pues todo está por hacerse; obras y proyectos por ejecutar, para generar un desarrollo en el Archipiélago desde lo cultural, que es lo que nos identifica.
La isla debe proyectarse como una ‘marca región’, que nos dé un ‘estatus’ y reconocimiento en el mundo por nuestra biodiversidad. Hay que explotar –en el buen sentido de la palabra– la declaratoria de Reserva de Biosfera, y para ello es clave ordenar la casa, reestructurar administrativamente la Gobernación, proceso que hace décadas se requiere para lograr un desarrollo organizacional óptimo.
Pero más allá de esas expectativas, hay un compromiso de trabajo por parte del nuevo mandatario, que además debe ser respaldado por el compromiso de la comunidad y de los líderes sociales y políticos, quienes deberán además respetar y cumplir las decisiones que se tomen desde la Administración Departamental.
En línea con lo anterior, es importante que seamos responsables y buenos ciudadanos, cumpliendo, entre otras tareas sencillas, como educar a nuestros hijos, sacar la basura el día que corresponde, respetar al vecino y ser más tolerantes.
Estas expectativas deben traducirse en hechos y para ello, la transparencia y la honestidad deben primar, porque de esto depende también el resultado de las acciones que emprenda el nuevo Gobierno local, el cual –reitero– acompañaré de manera desinteresada con mi gestión desde el Congreso, para así hacer equipo.
Tengo la firme convicción que el trabajo realizado para lograr una victoria en las urnas, por parte del Partido Liberal el pasado 29 de octubre, con el hoy electo gobernador Nicolás Gallardo; el alcalde de Providencia, Alex Ramírez; y cada uno de los diputados y concejales elegidos, dará frutos. De esta manera recuperaremos no solamente la confianza de la comunidad, sino que también consolidaremos esa visión de avanzar para lograr un desarrollo económico, social, político y cultural en nuestras islas.
BALANCE
Acciones producto de su gestión legislativa.
De igual forma, la representante Jay-Pang Díaz mencionó varias de sus gestiones en el Congreso de la República, destacando las siguientes:
El 2023 fue un año de importantes gestiones y resultados desde la Cámara de Representantes, para el país y en especial para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del trabajo legislativo que venimos realizando.
Ha sido una gestión activa, en la que participamos como coautores en 30 proyectos de ley que buscaron mejorar las condiciones de vida, de acceso a la educación y a la salud de los colombianos, los cuales aún están en trámite, pero que representan un trabajo serio y en el que siempre tenemos presentes las condiciones especiales de nuestro Archipiélago.
De allí que precisamente en esta vigencia, radicáramos un Proyecto de Ley para establecer en el Departamento Archipiélago una cátedra de ‘afro-raizalidad’, con el fin de que la historia de las islas, y sobre todo el creole como lengua materna, no se pierda.
Este es un proyecto construido con diferentes actores, como el Comité de Bilingüismo de las islas, representantes del ‘Raizal Council’ y de distintas instituciones educativas.
También fue un año de grandes retos, en el que la recuperación económica de las islas se estableció en la agenda de trabajo como una prioridad, puesto que la principal industria de las islas, el turismo, resultó afectada principalmente por la crisis aérea, que conllevó a una reducción de este renglón económico en un 38%.
Esa situación, de una u otra manera impulsó el accionar que venimos haciendo desde la Cámara de Representantes, en defensa del marco normativo del Archipiélago, específicamente con la Ley 47 de 1993 por la cual se dictan normas especiales para la organización y funcionamiento del Departamento Archipiélago.
De allí que después de un trabajo arduo, de presentar proposiciones y solicitudes directas a la Presidencia y a cada uno de los ministerios, se lograra a través del Decreto 0657 de 2023, la declaratoria del Archipiélago como ‘Zona de frontera y unidad de desarrollo especial fronterizo’, la cual hoy está en proceso de reglamentación.
Uno de sus primeros pasos, fue la expedición del Decreto 2068 del 28 de noviembre de 2023, a través del cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público modificó el parágrafo del artículo 521 del Decreto 1165 de 2019, en el sentido que los envíos de mercancía por la red oficial de correos postales, en cantidades no comerciales (menos de diez) desde las islas, no paguen tributos aduaneros.
Sin duda esto ratifica nuestra gestión legislativa, dándole vida a la Ley 2189 de 2022 por la cual se regula el comercio electrónico en el Archipiélago, permitiendo dinamizar la economía de los comerciantes locales al poder enviar desde San Andrés, a cualquier ciudad del país, hasta diez productos de la misma especie, por correo postal o a través de un vuelo comercial.
Si bien estas ejecuciones empiezan apenas a alivianar la situación económica de las islas, el reto aún es grande. Por ello también hemos venido realizando gestiones con otras entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), atendiendo especialmente la problemática de los altos costos portuarios.
También se pusieron sobre la mesa otras dificultades que se presentan con las importaciones de los productos alimenticios, como lo es la fiebre ‘aviar’ que generó escasez de pollo americano: uno de los productos más económicos y consumidos por la comunidad isleña.
Otra importante gestión que logramos para el Archipiélago, fue aumentar en un 17% los recursos asignados por el Gobierno Nacional, a través del Presupuesto General; muy a pesar de que la Administración Departamental no ejecutó, en ésta y en otras vigencias, dichos recursos de la mejor manera.
Esa es una de las tareas de los representantes: garantizar recursos para sus territorios, así que seguiremos con esta labor, porque es nuestro deber constitucional; y más ahora que contamos con un Gobierno, que sabemos, tiene toda la voluntad de generar cambios y transformar las islas.
En este mismo sentido, logramos la asignación por parte del Ministerio de Salud, de más de $58 mil millones al hospital departamental Clarence Lynd Newball; recursos que permitirán una inversión en infraestructura física, tecnológica y de insumos hospitalarios que hoy tanto requiere.
También se destaca la gestión realizada ante el Ministerio de Transporte, para la culminación de varias obras de recuperación de la malla vial de la Circunvalar; proyecto que aún está en ejecución y que debe contar con la participación de las secretarías de Infraestructura y de Gobierno.
Lo anterior, en aras de la resolución de varios aspectos de orden público en algunos tramos de esa vía, donde la comunidad no ha permitido la intervención, a saber: el puente del sector del Bay y de la bancada de la zona de Sound Bay, que está siendo afectada por la erosión costera.
Ante esa cartera, también se destaca la gestión en pro de la consecución de recursos y asignaciones directas por parte de la Aeronáutica Civil, para el mantenimiento del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla; y para iniciar los estudios y diseños que permitan la ampliación, remodelación y/o construcción de una terminal aérea para las islas.
Esta acción se logró, a través de una proposición en la que solicitamos adicionar al presupuesto del Ministerio de Defensa, con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la suma de $16.000 millones para la vigencia fiscal de 2024, con el fin de adquirir y adecuar los nuevos predios en donde operará la base del Grupo Aéreo del Caribe (Gacar), permitiendo así que sus instalaciones actuales le sean entregadas a la Aeronáutica para poder ampliar el aeropuerto internacional.
Todos estos proyectos de esa cartera ministerial son claves para el desarrollo de la economía de las islas; sumado, además, a la propuesta de incluir a San Andrés en el programa de ‘cielos abiertos’ propuesto por el Gobierno Nacional.
En materia de Relaciones Internacionales, motivamos a la Cancillería a generar acercamientos y lazos de hermandad, no sólo con Nicaragua, sino con los cinco países con los que Colombia, a través del Archipiélago, tiene frontera marítima; ello con el fin de buscar nuevos modelos económicos para la comercialización de productos agrícolas, que puedan abaratar nuestros costos de la canasta familiar, y que permita generar intercambios educativos y culturales, para mantener viva la cultura de las islas en el Caribe.
Cabe señalar que estos procesos se iniciaron, recientemente, mediante reuniones entre el embajador de Nicaragua en Colombia (y viceversa), y un grupo de representantes que le estamos apostando al restablecimiento y fortalecimiento de estas relaciones.
Otra importante labor para el país y para las islas, es la reforma al Código Electoral en donde logramos que San Andrés fuera piloto de la ‘biometría electoral’: un proyecto que busca evitar las posibles suplantaciones, mediante la autenticación que se realiza a través del cotejo de la huella dactilar y la información encriptada que hay en la cédula de ciudadanía.
En materia de medio ambiente y cultura, logramos importantes acercamientos entre el Caucus Conservacionista de los Océanos del Congreso de la República y el Black Caucus de los Estados Unidos, con quienes compartimos las experiencias culturales y la biodiversidad de Colombia, para lograr así inversión extranjera en pro del cuidado de los ecosistemas.
Dichas gestiones muy pronto se verán materializadas, con la ejecución de varios programas que están en estructuración en este momento.
