La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación disciplinaria, sobre los cinco marinos de la Armada de Colombia que fueron capturados por presunto tráfico de migrantes. En ese mismo sentido, la procuradora Margarita Cabello se pronunció sobre el particular, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos._(Foto Armada)
Así lo informó el Ministerio Público, asegurando que asumió poder preferente en estas indagaciones en contra de estos integrantes de la Armada, que junto a otras 19 personas, fueron capturadas en una redada por esa misma institución militar, la Fiscalía y Migración Colombia.
Así mismo, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, anunció que este órgano constituirá una Agencia Especial para hacer seguimiento al proceso penal que se adelanta por estos hechos.
La decisión tomó fuerza, toda vez que el delegado del ente de control y la propia procuradora Margarita Cabello, visitaran el Archipiélago de San Andrés para conocer de propia mano la situación que se viene presentando desde el año anterior, y que ha generado que a la fecha, por lo menos 100 personas se encuentren presuntamente desaparecidas en su intento por llegar a suelo norteamericano.
En línea con lo anterior y a propósito del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se conmemoró este 10 de diciembre, la jefa del Ministerio Público escribió una columna para El Tiempo, en la que recalca que “La crisis migratoria en Colombia no es sólo una cuestión de cifras y políticas” sino es una cuestión de vidas humanas.
Este es el contenido del escrito:
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, surge una pregunta: ¿protege el Gobierno colombiano los derechos de los migrantes? Migración Colombia informa que, entre el 1.º de enero y el 15 de noviembre de 2023, ingresaron 487.272 personas de manera irregular.
En Ipiales e Inírida, miles de migrantes enfrentan condiciones inhumanas y problemas de salud mental. En San Andrés, un punto crítico hacia Estados Unidos, ordené una agencia especial de investigación por la desaparición de 38 migrantes en la isla. En Acandí transitan diariamente entre 300 y 400 personas, y en el golfo de Urabá, solo por Necoclí y Turbo, transitaron hasta octubre 339.191 migrantes, generando, entre otros, una dolarización de la economía local.
En el Tapón del Darién y Cúcuta existen importantes desafíos humanitarios, tal como lo hemos alertado en las 48 recomendaciones a 17 entidades. Migrantes de Haití, Cuba, Afganistán, Venezuela o China enfrentan travesías peligrosas, incluyendo delitos transnacionales como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el lavado de activos, convirtiendo este drama también en un problema de seguridad nacional.
La ausencia de liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria, en la orientación y ejecución de la Política Pública Migratoria, resulta alarmante. Dada la situación en el Tapón del Darién, se inició una indagación previa al ministro, al viceministro de Relaciones Exteriores, al director general y a la subdirectora de control migratorio de Migración Colombia.
Nuestra labor en el seguimiento, control y vigilancia de las dinámicas migratorias en Colombia ha sido significativa. Hemos dado voz a personas y familias necesitadas de protección e instado a entidades estatales y territoriales a responder con urgencia. Sin embargo, la capacidad de las autoridades competentes en los territorios resulta insuficiente o inexistente. La creciente dependencia de la ayuda internacional resalta la necesidad de reformar nuestro sistema para enfrentar de manera efectiva y humanitaria la crisis migratoria.
Como Procuradora General de la Nación, he presenciado estas realidades en varias regiones del país y he centrado nuestros esfuerzos en abordar las complejas problemáticas migratorias. Este tema ha sido una prioridad para nosotros, trabajando incansablemente, visitando los lugares afectados, conociendo las problemáticas y realizando los llamados necesarios.
Esta situación representa un mosaico de retos que requiere una respuesta colectiva, coordinada e integral. No es suficiente con reafirmar compromisos; se necesitan acciones concretas en el diseño e implementación de planes y estrategias que garanticen los derechos humanos de los migrantes. Se debe trabajar conjuntamente para materializar una política integral migratoria que atienda las necesidades de estas poblaciones vulnerables y garantice una migración segura, ordenada y regular.
La crisis migratoria en Colombia no es solo una cuestión de cifras y políticas; es una cuestión de vidas humanas. Reitero mi llamado a las autoridades para atender esta situación de manera responsable. La dignidad humana no puede seguir siendo un ideal, sino una realidad palpable para todos, independientemente de su origen o condición.
Desde la Procuraduría General de la Nación hemos emitido varias recomendaciones a través de informes preventivos, pero ante la inacción del Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, seguiremos con las decisiones disciplinarias a que haya lugar. Es hora de transformar nuestra indiferencia en acción y nuestra acción en esperanza para aquellos que más lo necesitan.
