El Gobierno Nacional expidió el 7 de junio pasado el Decreto 0931 que declara al Archipiélago como ‘Zona de Frontera y Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo’, mediante el cual se establecen medidas especiales para reactivar el comercio, el turismo y la recreación, entre otros sectores, que se han visto visiblemente afectados en los últimos meses.
Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que esta normatividad especial permitirá, entre otros propósitos, dinamizar la infraestructura turística para mejorar los ingresos de la ciudadanía del Archipiélago, muchos de los cuales también se han visto disminuidos.
En efecto, con la activación de esta herramienta la región podrá aplicar –si se lo propone– disposiciones especiales que permitirán la reactivación de sectores afectados como consecuencia, entre otros factores, de la cancelación de varias operaciones aéreas, con la aplicación de beneficios especiales en materia de precios de combustibles y demás alivios tributarios.
Para su mayor calado, la medida contiene un alcance transversal a los ministerios del Interior, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que lo suscribieron simultánea y asociadamente.
No en vano, el ministro enfatizó durante su presentación: “A la isla hay que darle un ‘estartazo’ de energía económica en varios frentes. Tenemos que mejorar y renovar su infraestructura, y tenemos que mejorar también los ingresos de la gente. Este decreto nos sirve para ello y para nuestros compatriotas del Archipiélago se convierte en una muy buena noticia”.
Pero ¿cuáles son el efecto y los alcances reales que tendrá este decreto? Ante todo, sin egoísmos y con una mirada solidaria, los delegados de cada cartera y entidad involucrada deberán sentarse a discutir y definir los beneficios especiales que en diversas materias podamos definir para reactivar la economía de las islas.
En síntesis, el decreto expedido es una respuesta institucional a la solicitud presentada por las autoridades y las fuerzas vivas del Archipiélago que hace énfasis en el significativo detrimento ocasionado a nivel social. Razón, por demás necesaria, para ponerlo en práctica prevaleciendo la solidaridad que necesita y merece esta región del Caribe colombiano.
Y, a propósito, un interrogante concurrente: ¿qué acciones ha puesto en marcha o, al menos, que planes concretos tienen el Gobierno Nacional y Departamental a través de la Aeronáutica Civil, para transformar esa impresentable puerta de entrada al territorio insular que es, hoy por hoy, el vetusto Aeropuerto Internacional ‘Gustavo Rojas Pinilla’?
