Con un voto en contra y 121 votos a favor, el pasado 10 de octubre, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú._¿Qué es y cuál es su importancia?_(Foto Minambiente)
En uno de los países más peligrosos para los líderes ambientales, la revalidación del Acuerdo en el Congreso, intenta dar garantías para enfrentar problemas como la falta de acceso a la información, la persecución y amenazas a estos defensores.
Esta ratificación, que llega tres años después de firmado este tratado internacional, y que ha sido convalidado hasta el momento por 13 países de América Latina y el Caribe, fue duramente cuestionado por el Centro Democrático. El partido político criticó que las garantías que ofrece el Acuerdo ya están contempladas en la legislación actual, a pesar de las cifras de amenazas y asesinatos a líderes ambientales.
De hecho, la oposición y los retractores del proyecto, se retiraron del recinto por una presunta “falta de garantías en la discusión”, y argumentando que no se le estaba dando el trámite adecuado.
El Gobierno, por su lado, está contento con la aprobación. El presidente Gustavo Petro felicitó al Congreso y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad (en la foto superior), aseguró que será una ley que “fortalecerá el tejido social”.
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como ‘Escazú’, establece objetivos claros para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental. De esta manera, las comunidades pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Su importancia también radica en las rutas que establece para acudir a la justicia para casos en los que se afecte un ecosistema; y en los lineamientos de base, para la protección y atención a las personas defensoras del medioambiente.
Con las herramientas que ofrece el Acuerdo es posible, por ejemplo, evitar problemas socioambientales como el registrado en el Páramo de Santurbán, por el cual el país enfrentó una demanda de 736 millones de dólares por parte de una minera internacional, la cual argumentaba que sus inversiones se afectaron por la prohibición de las exploraciones en dicho lugar.
Más tarde, un tribunal internacional falló que Colombia sí tiene derecho a delimitar sus páramos, aunque también indicó que se violó la obligación de trato justo y equitativo al inversionista extranjero.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), aunque en Colombia hay instrumentos para proteger el ambiente y propiciar la participación ciudadana, éstos “no son suficientes ni efectivos para garantizar los derechos en materia ambiental”.
(Con información de Cambio)
