El Senado de la República aprobó el proyecto de Ley 328 de 2020, por medio del cual se autoriza a la Asamblea del Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que faculte la emisión de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe hasta por $300 mil millones, a fin de garantizar la financiación de la institución en esta región.
Para Adriana Santos, directora de esta Sede, “lo más importante de esta nueva ley es el financiamiento para que los jóvenes raizales puedan estudiar sus carreras profesionales; y contar con la infraestructura que se requiere. Así se podrán cerrar las brechas de este Departamento, que ha carecido de apoyos definitivos para nuestros estudiantes”.
La iniciativa –autoría del representante a la Cámara por San Andrés, Jorge Méndez– fue aprobada por unanimidad durante la sesión de la plenaria mixta, con ponencia del senador Édgar de Jesús Díaz Contreras (Partido Cambio Radical), la cual pasará próximamente a sanción presidencial.
La emisión de la Estampilla, fue autorizada por un término de 30 años a partir de que la aplicación de la Ley 328 entre en vigencia. Ésta establece que el recaudo obtenido por su uso, se destinará a los gastos e inversiones que determine el Consejo Superior de la Universidad, órgano al cual compete la administración de los valores recaudados.
Así mismo determina que, con el fin de incentivar el proceso de formación y nivelación de jóvenes en etapa temprana de estudios en Educación Superior, se deberá destinar al menos el 30 % del recaudo de la Estampilla para fortalecer el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA).
Recursos para investigación en el Caribe
La iniciativa también deja por sentado, que se deberá destinar al menos el 10 % del recaudo de la Estampilla para el desarrollo científico de las líneas de investigación institucionales de la Universidad, especialmente las enfocadas en áreas de biología y estudios del Caribe.
Sobre este tema, la directora Santos considera que, de esta manera “se abren posibilidades de apalancar recursos para investigación en ciencias del mar y de estudios del Caribe en su contexto interdisciplinar, lo que será fundamental para el avance del conocimiento de las islas y posicionarlas como un nodo importante en ciencia, tecnología e innovación”.
En su artículo tercero, la Ley autoriza a la Asamblea Departamental para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la Estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en San Andrés y en el municipio de Providencia y Santa Catalina.
La Ley señala, adicionalmente, que los actos que expida la Asamblea, en desarrollo de lo expuesto en ella, serán llevados a conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El control del recaudo y del traslado de los recursos de la Universidad estará a cargo de la Contraloría General del Departamento Archipiélago, u oficinas delegadas con jurisdicción y competencia sobre control fiscal.
Según el texto aprobado, en marzo de cada año el rector de la UNAL deberá rendir un informe a las comisiones Tercera de Senado y Cámara –con copia a la Asamblea Departamental– sobre los montos y la ejecución de los recursos obtenidos por la Estampilla.