Los providencianos corren peligro de sufrir una segunda tragedia y crisis humanitaria porque no se está preparando la isla para la llegada en dos meses de la temporada de huracanes. Se deben tomar las medidas necesarias para proteger en especial a los ‘encarpados’ y a los más vulnerables. Deben las autoridades meter dentro de sus planes la construcción de albergues para salvar vidas en caso de otro huracán.
Pero, en vez de concentrarse más en lo humanitario y en preparar mejor a las islas, el gobierno nacional recurre a las estadísticas, tuitea y pelea con los ya muy sufridos damnificados para tapar los serios problemas de su ‘plan de recuperación’ (que no contempla algo urgente e inmediato para otro siniestro), mientras que el Gobernador y Alcalde no muestran señales de ejercer presión para que se haga lo necesario.
Esto es demasiada irresponsabilidad gubernamental. En el caso del gobierno nacional, la ineptitud en la reconstrucción va paralelo al irrespeto a la ley y a la comunidad étnica al tratar de imponer contra la voluntad de la misma, con verdades a medias, subterfugios y argumentos dudosos, la construcción de la estación de guardacostas y el muelle en una zona de concesión que se ha ‘autoconcedido’.
Lo triste es que el gobierno nacional haya jalado en su tragedia burocrática y su maquinaria informativa a la Armada Nacional de Colombia que sufre el efecto colateral de una poco ética y poco legal decisión política, después de un muy destacable trabajo.
Es aprovecharse de la tragedia, caerle al caído y distraer para que el descontento no se centre en las fallas de la reconstrucción y, de paso, darle cobertura política al caos administrativo y burocrático que existe.
¿Y dónde están los gobernantes locales?
Pero no todo es culpa del gobierno nacional. El contrapeso local, que siempre es necesario, no está funcionando por el lado oficial, aunque sí por el lado de la sociedad civil que se fortalece con un liderazgo étnico más activo, alimentado y reanimado –que contrasentido– por nuevos atropellos gubernamentales a la ley y a sus derechos humanos.
De esta manera, el liderazgo étnico debe enfocarse más en el peligro que acecha si no hay preparación adecuada para otro huracán y en ejercer presión para reparar las pavorosas fallas burocráticas.
En tal sentido, aunque no se debe abandonar, la concentración en el muelle naval distrae una labor mucho más importante que es asegurar que las cosas se hagan bien.
El silencio y la inercia –tanto del Gobernador como del Alcalde– podrían ayudar a dejar a los providencianos a merced de la devastación de otro huracán. Deben hacer más.
En las islas asociamos corrupción con casa por cárcel, sufrimiento con lluvia y tragedia con huracanes. Los primeros dos son manejables, un huracán no lo es. La reconstrucción va muy lenta y al ritmo de los planificadores mas no de las necesidades y de los necesitados. Y no se ve por ningún lado una nota de urgencia a pesar de la próxima llegada de la temporada de huracanes.
Además, existe la creencia de que las pocas casas que se construyen o se reconstruyen, en su mayoría no van para los más vulnerables sino para los de más palanca. ¿Qué hará el resto de la gente en caso de otro huracán?
Antes del Iota tampoco había albergues, una monumental falla por el cual nadie responde ni paga. Por eso preocupa que responsables de haber cometido el acto negligente de no construirlos ahora hacen campaña con la tragedia enredados con algo de ‘mea culpa’ al exigir que se hagan.
Esto nos recuerda que tragedias administrativas debido a la corrupción van mano a mano con tragedias naturales, un tóxico coctel que exacerbó el sufrimiento y el daño dejado por el último huracán.
Los ingredientes perversos de dicho coctel –los primos hermanos indiferencia, ineptitud y corrupción– ya hacen presencia y buscarán aprovecharse de la crisis primero para sacar su rebanada, lo que puede poner en peligro la recuperación del doble golpe 2020: el huracán y el Covid.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.