Al finalizar el presente año se habrá reconstruido al menos el 95 por ciento del archipiélago de San Andrés y Providencia, anunció este martes Sandra Gómez, presidenta de la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad encargada de rehacer y ejecutar la infraestructura en las islas._La reconstrucción se realizará teniendo en cuenta normas de construcción segura y respetando la cultura raizal.
La funcionaria anunció que ayer lunes fueron colocados los cimientos de la primera de 1.200 viviendas nuevas que serán construidas, junto con la reconstrucción de 877 viviendas afectadas, el aeropuerto y dos colegios.
El anuncio fue hecho durante el conversatorio Impacto de los huracanes IOTA y ETA en el Caribe, moderado por María Paula Correa, jefe del gabinete presidencial, y que contó con la participación de Susana Correa, directora del Departamento de la Prosperidad Social y gerente de reconstrucción de las islas; Alexander Solís Delgado, director de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica, y la presidenta de Findeter.
“En este proceso lo más importante ha sido trabajar de la mano con la comunidad, para ellos y con ellos. El éxito está en escuchar a la gente, entender sus necesidades y conforme a ello actuar”, manifestó Gómez.
Significativo aporte
Durante el evento, el director ejecutivo del BID por Colombia y Perú, Sergio Díaz-Granados, en nombre de empleados y amigos del BID, entregó un cheque por cerca 47.000 dólares para financiar proyectos relacionados con la reconstrucción de las islas de San Andrés y Providencia, afectadas por el huracán Iota en noviembre pasado.
Para Susana Correa el paso de IOTA llevó al gobierno nacional a hacer una revisión de políticas públicas tanto locales como nacionales, como mecanismo prioritario de prevención.
“Frente a una emergencia de este tipo, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas, tenemos acciones sugeridas: la primera es restablecer los servicios públicos, energía, agua y telecomunicaciones; y la segunda, con relación a infraestructura, es la aplicación de normas de construcción segura, robustecer las políticas de infraestructura social y vivienda”, manifestó.
Así mismo, recordó que en San Andrés la afectación fue del 10%, mientras que en Providencia el total de la isla presentó daños en su infraestructura.
La experiencia de Costa Rica
Por su parte, Solis Delgado, haciendo un recuento del impacto –primero de IOTA y después de ETA– en Costa Rica, recordó que el país tuvo pérdidas en su infraestructura por 14 millones de dólares, 325.000 personas afectadas y dos fallecidas. También explicó que una de las primeras reacciones del gobierno fue permitir el uso de recursos especiales para atender las necesidades más inmediatas, como la habilitación de albergues, compra de materiales, alquiler de maquinaria para abrir caminos, todo para mantener la seguridad y salvaguardar la vida de las personas.
Por último, la gerente de reconstrucción de las islas –ubicadas a 720 km de Cartagena–, resaltó la importancia del trabajo intersectorial articulado que fue clave cuando se requirieron todos los recursos marítimos, aéreos y terrestres posibles para atender la emergencia, con el apoyo de las fuerzas militares y todas las entidades involucradas. Así como también la socialización y la participación de las comunidades para garantizar su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida.
Acciones solidarias
Un segundo conversatorio, titulado Solidaridad por San Andrés y Providencia y conducido por Jorge Alfredo Vargas, destacó la necesidad de trabajar en la reconstrucción del tejido social y crear condiciones para que las comunidades afectadas en las islas estén bien e, incluso, mejor que antes del paso del huracán.
María Carolina Hoyos, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, hizo referencia a la campaña liderada por la Primera Dama de la Nación, ‘Ayudar nos hace bien’, con la cual, a través 17.000 donantes, han podido distribuir más de 226 toneladas de alimentos y más de 99.000 platos de comida caliente.
En este mismo sentido, Victoria Flórez, directora de la Oficina de Alianzas Estratégicas del BID, resaltó la iniciativa de ‘Caribe Compite’, que ha sido desarrollada con apoyo del Gobierno de Canadá y el Banco de Desarrollo del Caribe, con 27 millones de dólares en recursos de donación, han contribuido de forma técnica y con herramientas para mejorar la competitividad e innovación del Caribe, incluyendo en temas de resiliencia y economía circular.
Por último, Díaz-Granados destacó la importancia de trabajar en equipo, pues Colombia estará dentro de los 20 países más afectados globalmente por el cambio climático, a pesar de contribuir con solo 0,4% de las emisiones del efecto invernadero.