“El ingreso de personal foráneo a las islas, así sea para el proceso de reconstrucción, se debe adelantar según lo establecido en el Decreto 2762 de 1991, esto es dando protección a los derechos colectivos de la comunidad isleña y raizal”, dijo el director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre), Oswaldo Madariaga Archbold.
De esta manera, el funcionario salió al quite frente a la intención oficial de modificar el decreto que regula el ingreso de personas al Departamento Archipiélago. La solicitud, presentada por la Gerencia para la Reconstrucción de Providencia, tendría el aval de Findeter, el Ministerio de Vivienda y Fontur, entre otras entidades.
La propuesta concreta de la Gerencia para la Reconstrucción de Providencia consistiría en adicionar al artículo 17 del Acuerdo 001 del año 2002 de la Junta Directiva de la Occre, un parágrafo transitorio que permita, por razones de la emergencia, que ingresen a las islas trabajadores sin los requisitos formales de la entidad.
El texto –en concreto– de la propuesta de la Gerencia reza que “en virtud de la declaración de situación de Desastre Departamental de que trata el decreto 1472 de 2020 y con el fin de facilitar la aplicación del régimen normativo especial para situaciones de desastre y calamidad pública contemplado en el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, tampoco serán aplicables las normas relativas al cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 8, 10, 11, 12 y 32 del Decreto 2762 de 1991 para el ingreso de mano de obra calificada y no calificada de las empresas contratadas para apoyar la gestión pública de las entidades públicas responsables de ejecutar el Plan de Acción Específico para el manejo de la situación de desastre”.
Frente a esta clara intención de modificar el espíritu de la norma que regula la Occre, para facilitar el ingreso de los trabajadores foráneos, el director de la entidad, expreso: “Aunque estamos muy agradecidos con las personas y entidades que están atendiendo nuestras necesidades, se debe entender que es nuestra obligación controlar su ingreso según lo dicta la ley”.
Además, Madariaga Archbold, enumeró una serie de factores que repercutirían en lo ambiental, dado que con el ingreso de más personas a Providencia se aumentaría la presión de carga sobre los recursos naturales.
Hoy existen funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de Invias y del Ministerio de Vivienda, entre otros; y así seguirá confluyendo personal del Gobierno Nacional para ayudar en estas labores.
“Si bien como funcionarios públicos –dijo el director de la Occre– no tendrían restricciones para el ingreso o salida del Departamento, no ocurre lo mismo con los contratistas, naturales o jurídicos, que pactaron con el Estado para la reconstrucción u otras acciones en el Departamento”, reiteró
Estos particulares no pueden estar exentos de las obligaciones de ley, deben cumplir con estos filtros que son la garantía para que la mano de obra local sea parte activa de dichas actividades que se desarrollen en este territorio.
“En esto quiero ser muy enfático: de ninguna forma se va a dar viabilidad sin antes verificar el cumplimiento de la norma, porque la Occre es la herramienta legal que nos protege de quienes violentan nuestros recursos naturales y la garantía de las comunidades étnicas y nativas del Departamento”, advirtió el director.
Por último, en cuanto a una presunta exención –aprobada por la Secretaría de Hacienda– del pago de impuestos por ingreso de personal para las labores de reconstrucción, Madariaga Archbold dijo que analizará con su equipo jurídico el camino a seguir.
“Lo más importante es que no se violente por parte del propio gobierno nacional, la normatividad vigente”, concluyó.