El Director de la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés. Providencia y Santa Catalina (Coralina), Durcey Stephens Lever, se pronunció en las últimas horas sobre el presunto hallazgo fiscal encontrado por parte de la Controlaría General de la República (CGR) el cual se encuentra en etapa de pruebas.
De acuerdo al alto funcionario de la entidad ambiental, este proceso se refiere a la contratación de los ajustes a los planes de manejo de los parques regionales, donde se hacen observaciones de parte del ente de control y su no aplicabilidad.
Según la CGR el proceso es de responsabilidad fiscal ordinario y el antecedente es el resultado de la Auditoria de Cumplimiento-vigencia 2016 por una cuantía de $182.929.896.oo y los hechos de la investigación señalan que Coralina, suscribió con la Fundación Providence, el Convenio de Asociación N° 022 del 27 de abril de 2015, por valor de $217.454.876, de los cuales Coralina aportó $182.929.896 y cuyo objeto consistía en: aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para realizar la evaluación, ajuste y actualización del plan de manejo del Parque Regional Natural (PNR) Old Point, Reserva de la Biosfera.
Producto del citado convenio, se generó el insumo para la adopción e implementación del Plan de Manejo Ambiental del referido parque, el cual no fue utilizado, generando como resultado que no se cuenta con un instrumento de planificación renovado que oriente su gestión de conservación y el estado actual de la investigación se encuentra en pruebas.
Ante este hecho, Stephens Lever explicó que los estudios y/o ajustes de los planes de manejo se recibieron a satisfacción y por tal motivo ya se presentó la información donde se demuestra claramente que, a pesar de haber contratado la consultoría, no se ha podido aplicar del todo de manera legal y administrativa por circunstancias que se generaron de manera posterior a la consultoría.
Estas circunstancias tienen que ver con el decreto único de Planificación Ambiental expedido por Minambiente para la Reserva de Biosfera Seaflower (ley 415 de 2017), por el que –y basados en ese fundamento legal– hay que unificar, simplificar y tratar de unir todos esos sistemas de planificación ambiental, lo cual ha generado que la implementación de cada uno de los planes de manejo de manera particular no se hayan podido aplicar aun en su momento.
Todo lo anterior son acciones probatorias que se han presentado ante la CGR, para lo que se espera que luego de su valoración en su momento sea positivo y se pueda salir de esta situación que no es la deseada para Coralina.
