Este miércoles se adelantó la audiencia citada por la Inspección de Policía de San Andrés para definir el futuro del predio que se tomaron pacíficamente los representantes del Pueblo Raizal en mayo de 2018, sobre la avenida Newball, frente a sede de la institución policial. Como en las sagradas escrituras, otra vez, el más poderoso enfrentaría al desvalido.
Según la decisión institucional, los manifestantes deberán desalojar el lote este 17 de octubre antes de las 3:00 p.m., pero quedó abierta la posibilidad de que las partes acudan a la justicia ordinaria, para definir la propiedad del terreno.
Acudieron a la citación, la inspectora Nashua Erazo; la Defensora del Pueblo regional, Caroline Stephens; el comandante de la Policía, coronel Jorge Urquijo; además de Rafael Archbold y Orma Newball, abogados de los querellados: Corine Duffis, Ofelia Livingston, Yvonne Parra y Carlos Pusey (este último fue el único que asistió a la diligencia).
Garantía del-status quo
Tras una larga espera para dar inicio a la audiencia, mientras se allegaba un traductor de lengua creole para que la decisión fuera entendida plenamente por los asistentes, en su mayoría ciudadanos nativos raizales, la inspectora leyó la argumentación de su decisión.
Dentro del acervo probatorio del expediente –dijo– obra el recibo de impuesto predial del 2015 al 2018, año en el que se registró la ocupación de hecho del lote; certificado de Tradición y Libertad, donde se alegó el que el modo de adquisición del inmueble fue a través de escritura pública registrada ante la Notaria 37 de Bogotá en diciembre de 1986.
“En consecuencia de lo anterior –sostuvo Erazo– se declara perturbadores de la posesión a los señores Corine Duffis, Ofelia Livingston, Yvonne Parra y Carlos Pusey; ordénese la restitución en favor del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Ordénese a los querellados desalojar el inmueble de manera voluntaria, para lo cual se concede un término hasta las 3:00 de la tarde del 17 de octubre”.
En el mismo orden de ideas, la funcionaria advirtió que de no cumplirse la orden impartida, se dará inicio a la ejecución de la medida que tiene naturaleza preventiva y cuyo fin único es mantener el status quo del bien en cuestión.
“Aquí no se pretende controvertir el dominio sobre el inmueble objeto de la querella, de manera que queda abierta la posibilidad de que las partes acudan a la justicia ordinaria”, aclaró.
Reacciones
Dentro de los recursos que brinda la ley, la abogada Orma Newball hizo una solicitud de nulidad e interpuso un recurso de apelación de la decisión. La jurista raizal alegó, entre otras razones, que no se le dio el uso de la palabra de forma suficiente a la defensa y que fue escueta la decisión, en cuanto al análisis probatorio.
Además, cuestionó nuevamente la competencia de la Inspección de Policía, por cuanto es dependiente del Departamento Archipiélago y de manera evidente actúa como juez y parte.
Por su parte, el apoderado Rafael Archbold, agregó a dicho impedimento (de la Inspección de Policía) que esta debía declararse como parte interesada dentro del proceso.
No obstante estos hechos fehacientes, y tomada la decisión, le sugirió a la inspectora pedir acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o de la Procuraduría y no de la fuerza pública, para evitar que la situación se salga de control.
“Creemos que en este caso, la Policía estaría interviniendo nuevamente como juez y parte, lo cual no sería conveniente para nadie”, añadió.
Aclaraciones
Al culminar la audiencia, EL ISLEÑO intentó obtener una declaración de la inspectora Erazo (en la foto, junto al traductor de creole) para aclarar ciertos términos jurídicos de su decisión; pero la joven funcionaria se abstuvo de formular declaraciones. De este modo, el abogado Archbold accedió a aclarar ciertas inquietudes:
El recurso de apelación que se presentó se resolvió de manera inmediata, porque la decisión fue notificada en estrados, así que se espera que la Inspección remita el expediente ante el Superior Jerárquico, en este caso, la Secretaría de Gobierno.
Por otra parte, ante la duda de si los manifestantes se mantendrán en el predio, Archbold respondió afirmativamente. “Ellos han decidido seguir en su lucha y creen firmemente que están en el camino correcto. Nosotros los apoderados por supuesto, consideramos que ha habido múltiples situaciones de presión indebida sobre la inspección pero que nos queda muy difícil probarlo; además no se tuvieron en cuenta varias nulidades que planteamos y quedamos a la espera de que las segundas instancias constitucionales fallen como esperamos”, aseguró.
Para concluir, manifestó lo siguiente:
“Aquí no estamos ante un típico caso de inspección de policía; este es un caso sui generis, como quiera que involucra a una comunidad ‘enfrentando’ a una institución como es la Policía Nacional. Por eso resulta más complejo y considero que amerita une estudio más de fondo, más tranquilo, para que la decisión sea la correcta”, explicó.
Es de aclarar que los raizales no buscan la restitución del predio en beneficio propio, sino de la entidad territorial, o sea, el Departamento Archipiélago.
Por último, Archbold comentó que la Policía tiene más de 15 predios entregados por el Departamento en todo el Archipiélago. “Sería un acto de justicia, sencillamente, desprenderse de este lote –inclusive dado el caso que fuera de su propiedad– para erigir un monumento a la concordia, a la tolerancia y a la vida”, concluyó.
