Este 13 de agosto, la Contraloría General de la República (CGR) multó por más de mil millones de pesos a los contratistas a quienes se adjudicó la obra de construcción de la nueva sede de la Corporación Ambiental Coralina. Según el fallo, se le imputa responsabilidad fiscal a título de culpa grave a Alberto Cardona Botero, Natalia Arias Echeverry, Inversiones G&R y Daimco.
De acuerdo con la CGR, las tres personas mencionados deberán responder de forma solidaria con la suma de mil trescientos sesenta y nueve millones ochocientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos; correspondiente a los pagos realizados para la ejecución del contrato. Mientras que las sociedades Inversiones G&R y Daimco deberán cancelar la suma de ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos, conforme a los dispuesto en la parte considerativa de este auto.
Cardona, Arias y Daimco de forma solidaria deberán cancelar la suma de cinto noventa y cinco millones trecientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos, suma indexada al día del fallo correspondiente a los pagos efectuados al consorcio ‘Go’ para la ejecución del contrato.
Igualmente, dichas personas más la firma Ingesandia Ltda. –integrantes del Consorcio Go– Jorge Rojas Abril y Jefferson Peterson Hooker, personas y firmas que deberán cancelar la suma cuatrocientos sesenta y seis millones cuatrocientos ocho mil seiscientos cincuenta pesos, suma indexada al día del fallo correspondiente a los pagos efectuados al consorcio Go para la ejecución del contrato.
El fallo de la Contraloría también involucra a la empresa aseguradora a quien se declara como tercero civilmente responsable, quienes deberán responde por el límite de los amparos contratados de conformidad con las pólizas firmadas y pactadas; el ente auditor –agrega el boletín– exonera de cualquier responsabilidad fiscal a Coralina en representación de sus directores.
Antecedentes
Coralina, en cabeza de su director Durcey Stephens, entabló una demanda en contra de FONADE por el incumplimiento en la entrega de la obra correspondiente a la nueva sede de la entidad.
De acuerdo a los hallazgos fiscales de la CGR al convenio firmado entre Coralina y FONADE por más de siete mil millones de pesos, se precisa que el proceso se viene adelantando desde el año 2005 y a la fecha la entidad contratante no da parte de entrega de la obra.
Desde que Stephens asumió la dirección de Coralina en 2013 hasta la fecha, se buscó la manera de que la empresa contratada cumpliera con el objeto del convenio que es la construcción de una nueva sede para Coralina, por eso se tuvo que llegar a las instancias jurídicas; concluye la información.
