Este 18 de octubre se realizó el anunciado debate en torno al tema de inseguridad y orden público, convocado por la Asamblea Departamental. Los diputados pidieron a los convocados pasar de las cifras a las acciones directas para que retorne la tranquilidad a las islas, cosa que no se logró en su totalidad en la también, muy extensa sesión.
Hicieron presencia el comandante de la Policía del Departamento, coronel Jorge Mendoza Lizcano; el secretario de Gobierno, Carlos Bryan Uribe; el secretario general (e) Roy Robinson McLaughlin y el director de la Occre, Joseph Barrera Kelly, entre otros.
... del control, circulación y residencia
Barrera Kelly intervino primeramente diciendo que muy a pesar de las 571 personas que han sido expulsadas de las islas en los últimos meses, dada su condición de irregularidad, no podía dar cuenta de cuántos de esos serían delincuentes, según el cuestionamiento de algunos diputados.
“Sólo puedo decir que seis eran reclusos de la cárcel New Hope, que fueron trasladados con apoyo de la Policía al aeropuerto, una vez se supo que serían puestos en libertad”.
Aclaró que la ley no establece –por ahora– una restricción para volver a ingresar a la isla; “ese es uno de los micos que tiene el ya obsoleto decreto 2762” y que incluso el Tribunal Contencioso de San Andrés en su momento “haciendo una interpretación que no entiendo –del Acuerdo donde se estableció que después de 10 años la persona podía retornar a la isla luego de purgar una condena– dijo que prácticamente se estaba exiliando a los individuos con la ejecución de dicha norma”.
“En la Occre establecimos una multa de 15 a 20 salarios mínimos para quienes infringieran la ley, esperando que las personas no tuvieran cómo de pagarla ... pero ¡la pagan!. Así que toca expedir un auto de desbloqueo y autorizar el ingreso de la persona”.
Respondió también Barrera Kelly ante el cuestionario de la Corporación, que no puede dar todavía una fecha exacta para la expedición de nuevas tarjetas de residencia porque el proceso de escogencia de la empresa que las realizará aún está en curso; pero que aspira a que sea antes que termine su actual periodo como director de la Occre.
Con respecto a si cuentan con los insumos y recursos tecnológicos que la Oficina solicitó a la Gobernación a principio de año, requerimiento respaldado por los diputados en ese momento, Barrera Kelly indicó que pidió un lector de huella pero no funciona y que las cámaras son las suficientes. Está pidiendo como mínimo 18 para ubicar una en cada módulo, a fin de desestimular actos de corrupción por parte de sus funcionarios.
“Se habló también con Interpol, para suscribir un convenio para estar entrelazados con esta agencia en el tema de información actualizada de personas con órdenes de captura que presenten ingresar al departamento por ejemplo”, añadió el director.
San Andrés: "territorio de drogas y alcohol"
Por su parte, el secretario Bryan Uribe expuso los planes que tiene en marcha la Gobernación y defendió “a pesar de sus detractores” a la denominada ‘Olla Comunitaria’.
“La OC no es un sancocho exprés como han querido desvirtuarla. Es todo un equipo de trabajo de acercamiento para lograr la confianza entre los jóvenes en conflicto: como estrategia de pacificación y desarme; y también como fuente de inteligencia para prever el delito”, explicó.
Bryan Uribe manifestó la demora del sistema judicial colombiano “es el que ha impedido avanzar tan rápido en el esclarecimiento de algunos crimines, lo que genera la percepción de impunidad entre la ciudadanía que reacciona haciendo justicia por las vías de hecho y por eso ha empeorado la problemática”.
También habló sobre el Plan ‘Topo Gigio’ “que lo nombramos así más como un mensaje a los padres que no tienen control sobre sus hijos” y que aspira a que en diciembre se tenga establecido un sitio de paso para los menores que sean encontrados después de las 10:00 p.m.
Necesitamos “trabajar con un solo puño”
A su turno, el coronel Mendoza Lizcano aclaró que sugirió al gobierno local implementar un sistema de reconocimiento facial para las nuevas cámaras que se pretenden instalar en la isla; justificando de algún modo la demora en la adquisición de las mismas.
Informó que de 17 homicidios a la fecha, 12 han sido resueltos; lo que representa una efectividad del 70%. También dijo que han sido recuperadas 29 motos, 632 kg de coca fueron incautados al igual que 51 armas blancas y 30 de fuego.
“Quiero que tengan muy presente este dato: de 362 detenidos a la fecha, sólo 64 se encuentran recluidos en centro carcelario. La ley beneficia más al capturado, para proteger sus derechos como ciudadano y por eso la percepción de impunidad que hay en las islas” dijo Mendoza Lizcano invitando a todas las instituciones que intervienen en el proceso de captura y reclusión, a “trabajar con un solo puño”.
Opiniones
“Estamos cansados de tener miedo, así no podemos soñar(...)”, “Queremos de vuelta un territorio libre y en paz”; fueron algunos de los testimonios de algunos ciudadanos que asistieron al recinto.
También intervino Robert Pusey Bent, padre del joven Ruel y hermano de Randy, ambos asesinados hace pocos días en La Loma; el ciudadano realizó serias denuncias contra el secretario de gobierno con respecto a una supuesta complicidad para proteger a los autores de estos crímenes e incluso sacar de la isla a uno de ellos.
Por su parte, los diputados antes de concluir este acalorado debate también se manifestaron inconformes con las acciones poco contundentes para mitigar la inseguridad en San Andrés (aunque también algunos resaltaron que por lo menos se estuvieran adelantando actividades, al menos desde el gobierno):
¿Cuáles son esas acciones militares con las cuales pudiéramos decir que se está azotando a la delincuencia o que se están comprometidos con la búsqueda de la paz? Cuestionó el presidente de la Asamblea Bradison Fernández Bryan.
Por su parte, Milton López aseguró que desde hace mucho tiempo, esta situación pasó de ser una percepción ciudadana a una triste realidad. “Necesitamos anteceder al delito, no es posible perder el control en un territorio tan pequeño”.
Y sentenció: “desde mi periodo como diputado, ha habido dos cambios de comandante de la Policía; y si usted (coronel Mendoza Lizcano) no se pone las pilas van a ser tres (...) ¡Así de sencillo!. Ustedes pueden tener las mejores intenciones, pero desafortunadamente se les mide por resultados”.
Sugirió realizar prontamente transferencias de uniformados que posiblemente se hayan contraviniendo la ley y calcular el costo versus resultados de algunas de las medidas que se están adelantando.
Recomendó además a Bryan Uribe: “tener unas reglas claras hasta dónde llega su accionar como secretario, en la interacción con quienes de alguna manera se encuentran en un estado ciudadano hostil; saber hasta dónde llegan sus acciones, para que no lo lleven a pasarse de los límites de la autoridad legítima de su cargo”.
