El 18 y 19 de septiembre iniciaron las sesiones de la mesa de concertación nacional para el Estatuto Autonómico del Pueblo Raizal. Líderes y miembros de la comunidad étnica y funcionarios del alto gobierno, comenzaron las jornadas de negociación en torno a la unificación de criterios y redacción del documento final que pasará luego a los estrados del Congreso de la República.
EL ISLEÑO dialogó con Walt Hayes Bryan, uno de los líderes del equipo raizal de cara a la nueva sesión de concertación del Estatuto Raizal que se inicia este 17 de octubre en San Andrés.
Evaluación de la primera etapa
“En general, los miembros del equipo coincidimos en que el arranque fue positivo porque llegó la delegación del gobierno central y se sentó a escuchar atentamente y sin afanes nuestra exposición”, dijo Hayes Bryan con respecto a las primeras sesiones celebradas en septiembre y donde se trataron sobre todo temas metodológicos que servirán como base para las futuras jornadas.
Del mismo modo manifestó que hubo tensiones al principio, puesto que los delegados no trajeron una contrapropuesta desde el gobierno, y desconocían aún ciertos temas fundamentales para un desarrollo más fluido de la concertación. También, porque estuvo circulando un documento previo y diferente al entregado oficialmente, lo que generó cierta confusión.
Por tanto, en esa primera sesión se unificaron criterios y se precisaron conceptos como la definición de Raizal, Territorio, Entidad Territorial, Región, entre otros. Con dicha exposición “el equipo de gobierno logró tener mayor ilustración y se podría decir que cambiaron su percepción respecto al Estatuto Raizal”, afirmó Hayes Bryan.
¿Qué se espera de la nueva sesión?
“Hay cierta sensación de incertidumbre… Estamos a la espera de la posición del gobierno una vez clarificados los aspectos mencionados; el equipo negociador ha manifestado la voluntad de sacar el Estatuto adelante, pero no conocemos aún su visión de fondo con respecto a los derechos reclamados por el Pueblo Raizal”.
Uno de los temas más álgidos y que se ha interpretado como un deseo independentista, es aquel derecho conferido a las comunidades étnicas al ‘autogobierno’ y sobre el cual se edifica el Estatuto; lo que hace tan relevante el concepto de territorio (que incluye para el caso del archipiélago, al mar y sus espacios de habitabilidad).
“El autogobierno lo estamos planteando desde una entidad territorial denominada ‘región’, –tema que está ligado a la Acción Popular presentada desde 2015 para la delimitación del archipiélago y que hoy está en manos de la Cancillería–, porque las comunidades étnicas definen cuál es el territorio de su pueblo, pero es el Estado quien lo delimita”, agregó el líder raizal.
Cabe recordar que lo que en principio fue una petición al Ministerio del Interior, luego pasó a ser una acción de tutela que vinculó al Instituto Agustín Codazzi, a la Cancillería y ahora al Senado de la República.
Es que la condición de ‘región’ del territorio étnico raizal no es nueva, está contemplada desde la Ley 1 de 1972 (previa a la Ley 47 de 1993) que señala con claridad “declárese al archipiélago como región fronteriza”. El título de Departamento (posterior al de Intendencia) lo cataloga como ‘unidad administrativa de un espacio geográfico’ más no modifica su calidad de región Caribe.
“Puede decirse entonces que el concepto de ‘territorio’ es de suma importancia puesto que representa el entorno de las comunidades étnicas, que no se limita puramente al sitio donde se vive o a un predio; sino que integra hasta donde podemos ir y hemos ido ancestralmente: aguas marinas e islas menores (cayos) que tienen habitabilidad y que sirven para mi vida como nativo”, explicó el dirigente raizal.
Así, el concepto del Raizal y su entorno, debe visualizarse con dos ópticas: la territorialidad basada en usos y costumbres; y también la de tierras o predios propiamente dichas, contemplando lo que hay dentro de ese espacio.
Derecho biocultural y consulta previa
El Raizal no lo es sin su territorio, ningún grupo étnico es válido sin el entorno que define su identidad. Condición que genera un nuevo concepto que es el ‘derecho biocultural’ que refiere a la relación de los pueblos indígenas con la sociedad y la potestad natural de auto administrar su medio ambiente de manera directa.
Dentro del bloque de artículos que comprenden el Estatuto Raizal, no podían faltar las precisiones sobre el derecho a la celebración de las consultas previas, cuando pudiera haber afectación directa de una obra sobre territorios étnicos, que como ya se dijo antes, abarca todo cuanto está en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En ese sentido, no hay razón para decir que hay algunas áreas de influencia de ciertas intervenciones, cuando está claro que el término ‘territorio’ abarca la totalidad del espacio donde se desarrolla una comunidad y no sólo donde construye sus viviendas, o escuelas, o sitios de reunión; sino también las vías públicas u otros sectores comunes.
Lo anterior lo ratifica, entre otras disposiciones, las sentencias T800 de 2014 y SU 097 de 2017.
“Por mas buena que sea una obra, lo que molesta al pueblo raizal y desde siempre lo ha mortificado es que se pasan por alto la celebración de la consulta previa; aunque, repito, no siempre es porque la obra disguste, sino por la forma como los gobernantes regionales o nacionales pretenden hacerla, de manera inconsulta”, reflexiona Hayes Bryan.
Así las cosas, un largo camino de análisis, discusiones, controversias, quizás enmiendas, y soluciones, le aguardan al Estatuto Raizal. Una herramienta concebida hace décadas y que, tras varios intentos fallidos durante los últimos gobiernos, ha empezado pacientemente a andar. Con pasos firmes y bases sólidas.
¿Quiénes asistirán a esta reunión?
A la primera reunión, desde que se instaló de manera oficial la mesa de diálogo y concertación, asistieron además del grupo base conformado por delegados del Ministerio del Interior y de Presidencia, funcionarios de varias carteras dado que se expusieron temas generales. Para este nuevo encuentro en el que se tratará una temática más puntal referida al tema ‘territorio’, se ha convocado a la Dirección General Marítima (Dimar), a la Armada Nacional y a la Cancillería, entre otras.
