Tras la proposición presentada por los diputados Arlington Howard Herrera (OP) y Oscar Bowie Stephens (CR) por medio de la cual se hacía una “cordial invitación al Debate de Control Político ‘Bienes de Estupefacientes entregados al Gobierno Departamental por la Sociedad de Activos Especiales (SAE)’, la entidad capitalina se presentó ante la Asamblea Departamental y ante la ciudadanía.
El debate se desarrolló el jueves 27 de octubre desde las 9:30 a.m. en el recinto de la Asamblea. Este encuentro fue impulsado, entre otros temas, por la reciente entrega a la Gobernación de once bienes extintos a presuntos narcotraficantes.
Como representantes de la SAE, llegaron María Virginia Torres, Gerente Regional de la entidad; Camila Gutiérrez, Gerente de Centro-Oriente y Yenny Sandoval, Gerente de Sociedades y Activos; además de representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Universidad Nacional, de la Oficina de Instrumentos Públicos, del Instituto Agustín Codazzi y de la Capitanía de Puerto de San Andrés, entre otros.
Introdujo el debate el diputado Howard Herrera, mencionado que se trató casi “de un milagro de Dios” el hecho de poder ir esclareciendo este tema de los bienes incautados al narcotráfico con la recién creada SAE. Manifestó como, desde el 2009 se venía insistiendo ante la (extinta) Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en el derecho que tenía el pueblo sanandresano de conocer la ubicación de varios de estos bienes y su destinación final.
“En otras épocas el tema era un secreto total, de eso no se podía hablar y mucho menos investigar lo suficiente. En la isla se hicieron varios pronunciamientos al respecto sobre devoluciones, pero no pasaban de ser shows mediáticos”, aseguró el diputado.
Dólares como arroz
“Se habla de casi 400 bienes en proceso de extinción de dominio, se especula que son miles de millones en lotes, hoteles, sociedades... Entonces, ¿Cuántos son los rendimientos de estos inmuebles? ¿Dónde está esa plata? ¿Quién la está administrando y por qué llega ‘de a pocos’, cuando la Ley 915 de 2004 (Estatuto Fronterizo) establece que los recursos deben llegar máximo un mes después de su recaudo a la isla?”, cuestionó públicamente Howard Herrera.
Mostró igualmente evidencia fílmica de una de las sonadas incautaciones de dólares en la ínsula durante el periodo 2010-2013; contó como la Armada y el mismo DAS en su momento avalaron éste y otros más decomisos, y cómo la Fiscalía General de la Nación negó que en ese periodo se hubieran producido incautaciones en el archipiélago.
Criticó también la Ley 1558 de 2012 (norma general de Turismo) por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y que reza que “los bienes inmuebles con vocación turística incautados o que les fuere extinguido el dominio debido a su vinculación con procesos por narcotráfico, serán administrados o enajenados por Fontur o la entidad pública que éste contrate”.
Al respecto, preguntó cómo una empresa que maneja y gasta recursos en proyectos de todo el país, está a cargo de la administración de la hotelería de la isla y por qué no se le permitió a los lugareños realizar esa labor.
Howard Herrera finalizó su intervención instando a los asistentes a seguir luchando por la devolución del resto de bienes y a impulsar nuevos proyectos agrícolas en los mismos –la mayoría de ellos de tipo rural– para retomar esta vocación menospreciada actualmente y garantizar una seguridad alimentaria para las islas en tierras tan fértiles como las del oeste de SAI, por ejemplo.
El reporte de la SAE
A su turno, la gerente regional de la entidad, citó la Ley 1708 de 2014 por medio de la cual se regula el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), y las acciones que han implementado para corregir el desastre causado por el DNE cuyo manejo “fue una vergüenza nacional”, cuando se borraron archivos clasificados y se vendieron de manera fraudulenta activos e inmuebles, hechos que produjeron la desaparición de dicha entidad.
Camila Gutiérrez (Gerente de Centro-Oriente), por su parte, comentó cómo desde el año 2014 se vienen haciendo requerimientos del estado de 20 bienes inmuebles entregados al gobierno departamental en el año 2010 en modalidad de destinación provisional, sin recibir todavía respuesta alguna.
Recordó la entrega que ella misma le hiciera al mandatario Ronald Housni Jaller, de 11 predios urbanos (ya declarados extintos) de los 82 existentes en el archipiélago e inventariados por la Sociedad.
Del inventario que dejó la DNE se tienen 147 inmuebles, 122 en SAI y 25 en Providencia, de los cuales 65 son rurales y 82 (ya mencionados) son urbanos. Así mismo la lista cuenta con 11 vehículos contabilizados, de los que la Gobernación ya tiene nueve y los dos restantes se encuentran en investigación de su estado.
La mención del portafolio de sociedades activas estuvo a cargo de Yenny Sandoval, mencionando el listado de hoteles en proceso de extinción de dominio: Maryland, Marazul, Sunrise, Los Delfines y Aquarium. Los establecimientos Green Moon y Paramacay ya fueron declarados extintos.
Fueron mencionadas también en la lista, las empresas ‘Aqua Works’, ‘Transporte Marítimo Gonzalo H.’ y ‘J. Howard’, al igual que la firma ‘Rentacar’ y sus 14 carros de golf.
Se hicieron públicas además las siguientes asignaciones presupuestales desde esta Sociedad a las arcas departamentales:
Un primer desembolso cercano a los 3600 millones de pesos destinados a facilitar el acceso a la Educación Superior, mediante Resolución 05 de 2015; otro más del orden de los 451 millones de pesos, de acuerdo a la Resolución 06 de 2015.
Conclusiones, solicitudes y propuestas de la Asamblea
Consultado sobre el resultado del debate, Howard Herrera dijo que la SAE debe continúar activamente con la entrega de los bienes, los rendimientos y los frutos que generen dichos bienes a la Administración Departamental para que en consideración a las Leyes, a la conveniencia social y del Pueblo Étnico Raizal estas, sean dispuestas para la atención social y para el desarrollo del Archipiélago.
“Formalizar conjuntamente con la Presidencia de la República, la SAE, la Gobernación, la Asamblea Departamental y miembros de la comunidad, una agenda estratégica de trabajo y tareas para que, en observancia de la Ley, se pueda organizar, difundir, determinar y establecer procedimientos competentes, adecuados y proporcionados, frente a la administración y la destinación de los bienes objeto de extinción de dominio, los rendimientos y los frutos que generen”.
