Revelador debate por la salud: plantean drásticos cambios

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Un debate trascendental se realizó este 17 de octubre en la Asamblea Departamental por el tema de la salud en las islas con participación del director del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, Hasam Hendaus; el secretario de la cartera, Heyder Avendaño (foto) y el representante de ‘Salus Global S.A.S.’, Julián Carvajal.

La IPS Universitaria brilló por su ausencia y los diputados pedirán a la gobernación hacer lo necesario para declarar la caducidad del actual contrato.

También estuvieron presentes el contralor departamental, Franklin Amador Hawkins; además de la totalidad de los diputados isleños, personal médico del hospital y varios ciudadanos que colmaron las instalaciones del salón Rosales Hooker de la Asamblea.

Abriendo las intervenciones Avendaño Villa describió estado actual del hospital y las mejoras que recientemente se introdujeron, tanto en San Andrés como en Providencia. "Somos conscientes de la problemática, estamos tomando las riendas en el tema de salud basados en el Contrato 1134 de 2017 que es el que rige actualmente (...), pero para el gobierno el responsable aquí es la IPS Universitaria”, afirmó el secretario.

También señaló que se está analizando la viabilidad de crear una empresa mixta "con la experiencia de un privado pero bajo los lineamientos de la administración local", como parte de un plan B que se propone.

Intervenciones

"Con la salud del departamento no se puede seguir experimentando", expresó el diputado Milton López cuestionando los cambios sucesivos de secretarios de Salud y la improvisación que se nota en el tema del nuevo operador.

"Siempre hemos estado en crisis pero ahora estamos peor (...) ¿qué ha pasado con esos $105 millones de pesos que mensualmente la IPS debía pagar a la Gobernación para reinvertir en infraestructura?", cuestionó a su turno la diputada María Said Darwich.

Varios ciudadanos también denunciaron serias irregularidades durante esta sesión, mostrando cada vez más la aguda problemática que afronta el archipiélago en temas de salud; algunas de sus causas pudieron aclararse mucho más con la intervención del (aún) director, Hasam Hendaus.

La renuncia del director

El director Hendaus puso de manifiesto que no es él quien tiene el control del hospital porque no tiene, como gerente, acceso a la información financiera. “Ni siquiera sé cuánto ingresa al hospital mensualmente”, dijo.

“El proceso de transición a la fecha no concluye, no hay claridad en los roles, no tengo autonomía para la toma de decisiones a pesar de mi experiencia de cinco (sic) años al frente del hospital. No cuento con acceso a lo financiero lo que me impide planear debidamente el rumbo de la salud; me sentí solo”, manifestó Hendaus como causales de su carta de renuncia del pasado 6 de octubre.

Contó igualmente que dicha renuncia no le fue aceptada y que se establecieron nuevos compromisos para apoyar la administración desde la IPS Universitaria (IPSU) de Antioquia al día siguiente.

“Varios gastos los he tenido que poner de mi bolsillo, cosas tan elementales como el cambio de una chapa lo pagué yo; si no tengo recursos para esto, mucho menos podemos presupuestarnos para arreglar el tema de la humedad en los techos (...) créanos estamos trabajando con lo que tenemos”, añadió.

Estos testimonios de Hendaus fueron ratificados por Julián Carvajal, representante de Salus Global S.A.S. (una de las firmas que integran la Unión Temporal Island Health que asumió la operación del hospital. “Esta es una operación muy costosa y compleja; y sin la seguridad jurídica nos resulta aún más difícil. Pero aquí seguimos: así tengamos que rogarle cada mes a la IPS para que podamos pagarle al personal”, comentó.

“Al 17 de octubre tengo a mi cargo todos los empleados, una nómina que ronda los $2.600 millones de pesos; no tengo contrato firmado... No entiendo a qué estamos jugando. ¿Vamos a tener un contrato mes a mes cuando la operación del hospital vale aproximadamente $4.500 millones (además de la nómina)? Se preguntó Carvajal.


Y agregó también: “la salud de las islas no se puede seguir manejando desde un escritorio en Bogotá. Desde la Nueva EPS quieren decidir quién sí y quién no, porque se dice que, por ejemplo, que el laboratorio de Omalina o del oftalmólogo Newball son las opciones muy caras” –sugiriendo una reducción de sus costos operativos– situación que disminuiría la calidad que prestan estos centros especializados y a lo que ellos no están dispuestos.

Limbo jurídico

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A su turno, el presidente de la corporación Bradison Fernández Bryan explicó a los asistentes que ahora empezaban a dilucidarse los orígenes de –lo que más adelante tildó de ‘fiasco’–, y que Hendaus no podía considerarse ‘director’ del hospital bajo la falta de autonomía financiera que este declaró. Lo que reafirmó este último enfatizando que, en este momento, no es más que el representante de Salus Global en las islas.

“¿Cómo es posible que el gerente del hospital no sepa ni siquiera cuántos son los ingresos del hospital?; él no tiene acceso a la información, no se sabe si está en punto de equilibrio o no. ¡Si él mismo no lo dice aquí, yo no lo hubiera creído nunca!”, enfatizó Fernández Bryan.

También el presidente de la Corporación leyó el objeto del actual contrato interadministrativo que comenzó a regir desde el 01 de agosto de 2017: “El contratista IPS Universitaria de Antioquia se compromete a gestionar la prestación del servicio de salud con plena autonomía administrativa, técnica y financiera”.

“Aunque queremos, no podemos hacer nada por el momento para declarar la caducidad del contrato. Al parecer la IPS fue quien puso todas las condiciones aquí, no tenemos como ‘empapelarlos’, porque quedó muy claro y por escrito que sólo tienen que ‘gestionar’. Ellos tercerizan el hospital y luego vienen empresas como Salus Global a decir ‘no tenemos autonomía económica’... ¿Cómo es posible que el gobierno haya armado este fiasco?”, concluyó Fernández Bryan.

En el mismo limbo jurídico se encuentra la clínica oftalmológica Lynd Newball pues aún no se concreta por escrito, ni está claro su ingreso a la denominada ‘Unión Temporal’.

Esa misma improvisación fue manifestada por la representante de la dirección de la IPS Omalina Owkin de González, Catherine Rivera, indicando que a eso obedeció su negativa, cuando la IPS Universitaria les ofreció prestar los servicios de laboratorio clínico en el nuevo contrato.

Esta misma ciudadana incluso lanzó una explosiva denuncia al asegurar que la IPSU continuaba en el departamento presuntamente por presión del ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe.

Conclusiones

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Después de todo lo dicho las más de cinco horas de debate, con las intervenciones y sugerencias de los asistentes, la Asamblea determinó que procederá con lo siguiente:

- Se creará una comisión accidental, con los tres diputados proponentes al debate de este martes: Mayleth Arjona Kelly, Carlos Domingo Gallardo Rojas y Abel Archbold Joseph de la Asamblea que trabajarán con un comité de funcionarios de la salud departamental (sugerencia del médico Hernán Jiménez) para estudiar posibles salidas a esta crisis.

- Agendar reunión con el presidente de la Republica para escalar este tema a la esfera nacional, situación agravada por los señalamientos al propio ministro de Salud.

- Hacer comparecer, a como dé lugar, a la IPSU a la Asamblea, para realizar un debate sólo con esta entidad.

- Realizar las gestiones pertinentes para que el gobierno intervenga inmediatamente el hospital departamental.

- La oficina jurídica de la gobernación deberá buscar los mecanismos legales necesarios para dar por terminado el contrato con la IPSU.

- Ordenó también el presidente de la corporación que se suspenda cualquier otro contrato o servicio que la IPSU vaya a adelantar como el manejo de unas unidades médicas móviles o el contrato de telemedicina suscrito por Salus Global.

 

 

 

 

 

 

Última actualización ( Miércoles, 18 de Octubre de 2017 09:55 )