No hay regímenes eternos

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CRISTINA.BENDEKLuego de dos semanas de audiencias y de repasar argumentos jurídicos en defensas que instrumentalizan a las poblaciones étnicas de la nación creole, hay que entrar en el análisis político. Los gobiernos de Colombia y de Nicaragua tienen orientaciones divergentes. Cuando la Corte Internacional de Justicia afirme la necesidad de definir zonas de manejo conjunto, ¿quién va a negociar con Managua?

En los alegatos de ambos Estados en la CIJ se abordaron las voluntades manifestadas por los gobiernos de Nicaragua y de Colombia de negociar tratados. Como Colombia argumenta que no puede definir fronteras sino a través de tratados internacionales, la figura del tratado fue utilizada de forma recurrente para resaltar declaraciones de Ortega o Santos, en su momento, sobre las posibilidades de sentarse a desatar el nudo que dejó el fallo de 2012.

Pero Nicaragua es un país aliado de Venezuela, suscrito a la presencia militar rusa en su territorio y sujeto a un régimen totalitario en el que la democracia y las vías legales no tienen ninguna garantía. Viendo y escuchando a Carlos José Argüello Gómez en la Sala de Paz de la CIJ, y a los otros abogados del equipo adversario, la pregunta sobre la coherencia es inevitable. Solo en una ocasión, porque no era ese el escenario para abordar temas domésticos, la defensa colombiana aludió a la situación política de Nicaragua.

Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes en 2017, decidió quedarse en Madrid luego de la famosa feria de literatura que ya muchos en Colombia hemos tenido la ocasión de discutir. ¿La razón? Ramírez, revolucionario del sandinismo y ex vicepresidente en el primer período de Ortega, de 1985 al 90, se convirtió en blanco de la dictadura. Una orden de detención en su contra, formulada mientras estaba ya fuera del país, es como una advertencia para permanecer en el exilio. En una entrevista reciente, Sergio Ramírez dijo que tenía la certeza de que al llegar al país sería detenido, quizá sin juicio siquiera, por supuestos delitos económicos y traición a la patria. Su falta es la de ser un crítico visible.

Los totalitarismos no favorecen el diálogo y difícilmente son conservacionistas, o respetuosos de territorios y jurisdicciones indígenas. Por el contrario, tienden al extractivismo, una práctica que ha sido fundamento de la resistencia del pueblo raizal. En su momento, luego del fallo, en las islas se vio con buen ánimo que Ortega hubiera recibido una delegación del pueblo raizal del archipiélago en Managua, casi sin ninguna antelación. No pasa lo mismo en Bogotá, en donde para hablar con un presidente o una canciller las esperas son infructuosas. Con todo, confiar en un gobierno de megalómanos es imposible.

La distancia entre Managua y Bluefields es insondable. Quienes conocen saben que la relación entre la región Caribe y el resto del país es todavía más distante de la que tienen San Andrés y Bogotá. En Colombia las narrativas mercantilistas del comercio y del turismo han abrochado a las islas al imaginario continental.

En Nicaragua el Caribe es casi un baldío. Para soportar esa afirmación vale la pena recordar el contrato de arrendamiento de tierras suscrito por una ilegítima autoridad de los pueblos indígenas rama y kriol, a favor del fallido proyecto de canal interoceánico. El canal nunca volvió a sonar, pero en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un caso para estudiar la concesión de tierras a una empresa china, hecho que impacta en la autodeterminación de los pueblos indígenas y que los desplaza de su territorio.

Para negociar con Nicaragua debería haber una convergencia que Colombia no encontraría en este punto con un Estado respaldado por Venezuela. Ha habido reiteradas ocasiones en las que miembros de la cúpula militar venezolana han amenazado con enviar aviones a territorio colombiano, que llegarían hasta Bogotá y hasta San Andrés. Por supuesto, tiene que haber diálogo porque, en su ausencia, las víctimas son los raizales del archipiélago, por la privación de su espíritu de navegantes y pescadores.

¿Cuánto va a soportar la dictadura Ortega? Las elecciones presidenciales de este año han dejado a once candidatos presos. Las revueltas de 2018, reprimidas por el régimen, no han vuelto a aflorar. Seguramente el Estado colombiano espera que haya un interlocutor válido, para sentarse a negociar el manejo de la Seaflower y para, ojalá, negociar de forma ejemplar un acuerdo que permita la mitigación de riesgos climáticos y de seguridad compartidos, un acuerdo de suma positiva que incluya el factor comercial.

No es temprano ahora para empezar a integrar equipos de asesores raizales, de cara a la reintegración de la nación creole. Como dice Sergio Ramírez, no hay regímenes eternos. Peace out.