Como se puede observar, la historia se repite. Otro gobernador de las islas de San Andrés y Providencia es objeto de una medida de aseguramiento dictada por un tribunal de justicia que lo investiga por posibles actos de corrupción.

Everth Hawkins, quien fue elegido para ocupar el cargo en octubre anterior para el periodo 2020-2023, con la promesa de un nuevo comienzo para el archipiélago, no alcanzó a dar los primeros pasos en tal sentido. Los delitos que se le imputan son peculado por apropiación y realización de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Se esperaba que este gobierno sería el punto de partida de una nueva etapa de la historia insular —después de cinco años de interinidad administrativa—, que rescataría la confianza de la comunidad en las instituciones locales y afianzaría una nueva relación gobierno–sociedad. Igualmente, se estimaba que pondría todo su empeño en limpiar el pesado lastre de la corrupción que ha impedido a los isleños ver cumplidas las promesas de mejoramiento de sus condiciones de vida por las que han elegido a los gobernantes que han ocupado el Coral Palace en la última década.

Es decir, a pesar del paso del tiempo, tal parece que las viejas prácticas no han quedado atrás y los aspectos que más interesa a la sociedad y al Estado en sí mismo, como son la pulcritud, claridad y objetividad con que se debe adelantar la contratación pública, siguen siendo atropellados por otros intereses distintos al bien común.

Esta determinación de la justicia ordinaria contra el gobernador Hawkins no hace más que alimentar la impresión de que las distintas modalidades de corrupción que se han anquilosado en el sistema de contratación pública de las islas, permanecen. O han hecho ya metástasis en toda la estructura gubernamental, de tal suerte que ahora parece no tener remedio.

Para lograr un cambio de verdad, es indispensable que la contratación del departamento sea ejecutada por gobernantes comprometidos y respetuosos de la moral pública, además, supremamente rigurosos en lo jurídico a fin de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en sus diferentes orbitas de acción. En especial, la contratación directa que se ha vuelto una práctica generalizada que raya en el abuso.

Según la Contraloría General de la República, en Colombia la denominada ‘contratación directa’ (es decir, la que se hace sin que medie una selección de proponentes con base en criterios propios de la administración estatal), representó el 35% del gasto de los recursos públicos entre los años 2016 y 2018. En ese lapso se realizaron cinco millones y medio de contratos que sumaron $545 billones.

Muchos ordenadores del gasto han acudido a esta forma de contratación porque les permite asegurarle a sus amigos, la recompensa electoral derivada de su triunfo en las urnas. Y las últimas pesquisas de las autoridades han develado el aprovechamiento indebido de la emergencia económica y sanitaria vigente para actuar de tal modo. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿Qué es lo que hay que hacer para desterrar de la administración pública estas prácticas contrarias al espíritu de la ley? ¿Cómo eliminar los persistentes riesgos de corrupción que enfrentan el ejecutivo y los organismos de control departamental?

En el caso específico de las islas de San Andrés y Providencia, mucho se habla de que la contratación pública local tiene que adecuarse a las realidades que impone la condición de insularidad del departamento, por ejemplo. En este sentido apunta uno de los argumentos del gobernador Hawkins en su defensa de algunos contratos realizados durante la cuarentena. Y valdría la pena analizar su importancia ya que la diferencia del costo de ciertos productos en las islas es supremamente alto si se compara con los del resto del país. Entre otras cosas, por supuesto.

Ojalá esta vez no salgan los aliados del gobierno departamental a denunciar una persecución política y sus adversarios a exigir la destitución, como es frecuente en Colombia cuando a un dirigente le cae la ley, sino a trabajar juntos para enderezar el rumbo de las islas que vuelve a la deriva después de nueve meses de esperar el timonazo prometido por Hawkins y que aún no pudo cumplir.

Sumativo.- Sobre la corrupción, el novelista y ensayista francés Georges Bernanos, dijo: "El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios".

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen.