Deudas viejas y una agresión por el carnaval

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La agresión de esta semana a la secretaria de movilidad deja un sinsabor, como de esos que se sienten cuando uno pronuncia que 'pueblo chico es infierno grande'.

Y es que San Andrés da la impresión de estar encogiéndose, casi todo le queda grande. Cumplir, por ejemplo, con una disposición de la Gobernación Departamental, parece difícil. El día del 'carnaval', la gente en los barrios nativos se quejaba con el corazón dolido de que la celebración tradicional (eso de las carrozas mal organizadas y la caravana de motos, que a veces parece un despliegue suicida), se había reemplazado por una tarima en la playa, una cosa para los turistas.

Desde ahí ya es muy fácil empezar a hilar, y acabar con una historia apoyada en la narrativa de que San Andrés está pensada exclusivamente para los visitantes, y no para los nativos y los locales.

Estoy generalizando, porque muchos nativos apuntaron en cuanta ocasión tuvieron, que la prohibición del carnaval había sido oportuna, dados los desastres del año pasado en los que encapuchados con bate en mano y cubiertos de harina se tomaron las calles de la isla, en motos sin carrocería, sin placas, y empinadas en una sola llanta.

Es que el orden, la mesura, las reglas, son cosas nuevas. Parecen cosas 'continentales', y la gobernación parece estar materializándolas con tanta prohibidera. No es solamente la gobernación, sino la asamblea con la prohibición del Coco-Loco envasado en coco, y la implementación del nuevo código de policía, cuyo cumplimiento en esta isla es más bien una fantasía.

La gente tenía razón en un sentido, y es que para prohibir hay que proporcionar las alternativas, y la regulación de las fiestas es precisamente una labor de la autoridad.

La sanción tenía un espíritu educativo. Desde el año pasado se insistió en que se suspendería la celebración del carnaval, dado el mal comportamiento durante la fiesta. Hubo muertos, peleas, rollos, rayes. Lo de siempre. El problema es que el espíritu educativo se cultiva es a duras penas, y al final, nadie termina entendiendo bien cuáles son las motivaciones y las alternativas. Un video institucional, en creole y en español, unos clips en televisión y radio, notas de prensa, comunicados, entre otros, donde la institucionalidad exponga motivos y alternativas, no hubiera sobrado.

Porque cuando se tienen deudas viejas, la necesidad hace la ocasión idónea para cobrarlas. Desgraciadamente. Esta semana una agresión física a Elizabeth Rivera Marimón, una funcionaria que ha demostrado gestión real en su trabajo organizando una cartera con muchos pendientes, desató el rechazo en redes sociales, y a través de varios pronunciamientos de la gobernación departamental, y de la comunidad en general.

El hecho es deplorable. Con razón, se exige la sanción ejemplar al culpable del ataque verbal y físico, en el que el tipo le decía a la secretaria que era su culpa que no hubiera podido entrar al centro de la isla con su moto en una caravana. Es una guerra, el culpable tendrá amigos y simpatizantes, gente ardida, gente aturdida que vive en condiciones de soportar el peso de la realidad, de la vida del barrio, del olvido.

Es una alarma, de nuevo. La isla es pequeña, cada vez más pequeña. Ojalá que el agresor pague de forma ejemplar, que se le exijan disculpas. La sensación de que se pueden ejercer presiones caprichosas por la mano propia sería la más desafortunada conclusión de esta situación.

La seguridad es una prioridad, pero siempre debe venir acompañada de la inversión que tanto nos adeuda entre el dudoso orden de prioridades, o lo de esta semana es apenas el  mal presagio de algo que le puede pasar a cualquiera. La secretaria ha expresado madurez y determinación, adelante, y que continúe trabajando con el corazón. Peaceout.