Durante el oportuno encuentro ‘Justicia Abierta: multicultural, participativa y transparente’, adelantado por el Consejo de Estado el viernes pasado en San Andrés, se oyeron, entre otras, dos intervenciones sustanciales que llamaron la atención por su contenido, por el rango de quienes las pronunciaron y, ante todo, por la manera que lo hicieron.
Estamos hablando del gobernador (e) Juan Francisco Herrera Leal, y el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de las islas, José María Mow Herrera. Dos altos dignatarios del Departamento Archipiélago, que más allá de circunstancias recientes –si se quiere adversas– coincidieron en evaluar a la sobrepoblación como el núcleo de todos los males en San Andrés.
El primero dijo, sin rodeos, que la palabra sobrepoblación no se ha querido reconocer en el país y puntualizó: “quiero hacer claridad porque que a veces no se lee bien: no es que en San Andrés hayan 49 mil personas como se ha dicho; hay 49 mil potenciales votantes para las próximas elecciones (según el censo electoral) que es un dato por demás sobresaliente”.
Por otra parte, el magistrado recordó que desde la Constitución de 1991, se consagró un régimen especial para las islas con la creación del artículo 310 en la Carta Magna con dos objetivos principales: proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del archipiélago.
“Este artículo especial que nos diferencia del resto de los departamentos, se expidió porque el panorama que se reflejaba desde esa época –que puede leerse en los informes y exposición de motivos de la reforma constitucional–, ya vislumbraban problemáticas de sobrepoblación y crecimiento urbano desordenado con el subsecuente proceso de tugurización y destrucción del equilibrio ecológico”, enfatizó Mow Herrera.
Estos apartes, por demás elocuentes, no hacen más que poner de relieve las condiciones de miles de habitantes de San Andrés que subsisten en cordones de viviendas subnormales y en otros barrios que tampoco gozan de los servicios básicos indispensables. Sectores que, por lo visto, nunca visitan los emisarios del gobierno nacional, ni mucho menos los turistas. Salvo muy contadas excepciones.
Caldo de cultivo ‘ideal’ para una delincuencia emergente que castiga a todos por igual: habitantes y visitantes de la isla. Matando, de paso y poco a poco, a la cada vez más arrinconada ‘gallinita de los huevos de Oro’.
Ante la ola de inseguridad que pone en peligro la vida y trabajo de muchos isleños y las bases de la economía local que vive del turismo –que la delincuencia está espantando–, no se explica por qué las autoridades locales y nacionales no han implementado un plan urgente de acción. O por lo menos un consejo de seguridad. Su ausencia indica una vergonzosa abdicación de la obligación oficial de proteger a los sanandresanos y a los visitantes.
