Otra celebración más del Día Internacional de la Mujer en plena campaña electoral a la presidencia del país, y vendrán, como siempre, los anuncios, los informes, los resultados, las investigaciones exhaustivas; se conocerán nuevos casos sobre la violencia de género y ya. A pesar de los grandes avances de la Ley 1761 (Rosa Elvira Cely), el problema no cede.
Propiciada por el liderazgo y la gestión de organizaciones de mujeres y feministas que reclamaron por años al Estado el reconocimiento de las violencias contra las mujeres y le exigieron la garantía de investigación y judicialización efectiva; la protección de las denunciantes y sus familias y, particularmente, la formulación de medidas estructurales y punitivas para la no repetición de estos casos. La verdad es que históricamente, el Estado ha sido negligente frente a la atención a las víctimas y no ha sabido articular y crear acciones transformativas, formativas, educativas y de equidad para eliminar los factores que facilitan la reproducción social de la violencia.
En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que detalla la incidencia de feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, desglosando los casos por tipo de violencia y las regiones con mayor número de reportes, se registraron estas dramáticas cifras solo en el año 2025: más de 15.000 casos de delitos sexuales y 151 de explotación sexual de niños y niñas. A enero de este año ya se contabilizan 1.901 víctimas.
Pero más allá de una fría y simple enumeración estadística, esta fecha refleja un entramado social de exclusión, marginación y violencia. Como destaca un informe de Razón Pública, no existe un sistema estatal unificado de caracterización de casos, seguimiento y reconocimiento: mientras la Defensoría del Pueblo señala que ocurrieron 886 feminicidios y 29 transfeminicidios en 2024, el Observatorio Colombiano de Feminicidios (OCF) reportó para igual período un total de 1.578 casos, de los cuales 25 fueron transfeminicidios.
La falta de información, las alertas tempranas, las intervenciones del Estado, las acciones y su divulgación siguen siendo insuficientes; de tal forma que el 8 de marzo no debiera centrarse únicamente en una celebración, sino en una rendición de cuentas frente a las violencias de género. El problema es que ni al Estado ni a quienes aspiran a conducir el Gobierno colombiano pareciera conmoverles la problemática. No se escuchan propuestas concretas, pero, sobre todo, viables para enfrentar este asunto.
Las propuestas de campaña
Los precandidatos presidenciales han abordado la violencia de género en el contexto de la violencia política contra mujeres candidatas, aunque no hay declaraciones exhaustivas y directas sobre el tema en general. Sergio Fajardo ha propuesto declarar el 8 de agosto como prioridad nacional para enfrentar esta violencia, enfatizando romper estereotipos que la generan y que se asuma responsabilidad colectiva contra la violencia de género.
Los precandidatos del Centro Democrático han condenado públicamente la violencia de género, enfocándose en casos de acoso y ataques sexistas contra sus candidatas. Paloma Valencia, precandidata presidencial del partido, ha recibido apoyo interno y externo tras sufrir agresiones simbólicas, mientras figuras como Vicky Dávila exigen acción estatal contra estas amenazas. El partido ha emitido comunicados rechazando la discriminación de género en política y pide sanciones, alineándose con un manifiesto general contra la violencia machista.
En tanto, el Pacto Histórico enfatiza reformas estructurales y culturales más amplias. Iván Cepeda esboza una “revolución ética” que combata el patriarcado, el racismo y la exclusión como raíces de la degradación moral y la violencia estructural. En discursos recientes, ha denunciado el patriarcado como fuente de abuso sexual, menosprecio e invisibilización de las mujeres, impulsando su rol protagónico en la sociedad.
Sea como fuere, el discurso lo aguanta todo y la realidad de las violencias de género sigue cobrando víctimas, marcando estadísticas, tiñendo de impunidad y vergüenza un Estado que no protege a sus mujeres. Así es que el 8 de marzo debería instituirse, más que en una celebración, en una rendición de cuentas.
* Docente investigadora del Politécnico Grancolombiano
