El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) continúa robusteciendo un proyecto de decreto que busca unificar requisitos de funcionamiento para regular de mejor manera la cadena turística del país, incluyendo las denominadas viviendas que administran plataformas como Airbnb. Usuarios anfitriones de la isla, aseguran que gran parte de estas condiciones ya operan en San Andrés.
La iniciativa incluye la actualización de las condiciones para obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT), tales como conceptos sanitarios, del cuerpo de bomberos, uso del suelo, reglamento de propiedad horizontal (para edificios), entre otros, e incluye por igual a hoteles, hostales, glampings, viviendas turísticas y similares.
Su objetivo principal es, “independientemente del canal que utilicen, que haya reglas claras y que operen bajo condiciones de formalidad, transparencia y responsabilidad”, a fin de que se consolide “un sector que mejore la experiencia del turista bajo condiciones de seguridad y calidad, fortalezca la competitividad y garantice que la actividad turística se desarrolle con responsabilidad hacia las comunidades y el entorno”.
Percepción en las islas
David Olsen Vásquez, ex-secretario Departamental de Turismo, y también propietario de una vivienda de alquiler en San Andrés, aseguró que los requisitos que pretende impulsar el MinCIT no son nuevos en las islas, dado que –según él– todo aquel que vaya a abrir una posada nativa, un apartamento, una vivienda turística, para acceder al RNT debe allegar documentos de uso del suelo, bomberos, salud; y si es en un edificio, certificado de que la Asamblea de Propietarios aprobó que la propiedad puede prestar ese servicio.
“Por eso no lo veo como una ley nueva, porque esos requisitos ya existen en San Andrés. ¿Por qué? De pronto porque las autoridades de aquí son organizadas o menos laxas, pero desde que incursioné en este negocio, antes de la pandemia, eso ya lo aplican aquí. O sea que a pesar de las falencias que tiene el turismo en la isla, en este sentido si es muestra de organización”, indicó el comerciante.
Olsen enfatizó en que seguramente habrá gente “que pasa de agache y que no hace papeles”, pero le consta que todos los establecimientos que conoce cuentan con ese tipo de certificados; y que las autoridades sí controlan como es debido.
“Eso sí, también están las personas aburridas con tener que sacar tanto papel, muy poquitas, pero las hay. He oído a quienes dicen: <<no voy a tener más posada turística porque piden mucho papel, hay que pagar bastantes impuestos y hay muchas condiciones por cumplir>> Y conozco a quienes también han dejado de atender turismo y vuelven y alquilan su vivienda a un residente, porque les aborrece tanto documento”, comentó el propietario.
¿Qué dice Airbnb?
Respecto a la reacción general de otros propietarios como él, pero en el continente colombiano, y directamente de la plataforma Airbnb, manifestó que la compañía emitió una carta donde se expone por qué no están de acuerdo con la norma que se está cocinando en el MinCIT, para que esta sea firmada por sus usuarios anfitriones.
La misiva, dirigida a la ministra Diana Marcela Morales Rojas, y a otros directivos de la cartera, expone la preocupación frente al borrador de decreto, “que agregaría una gran cantidad de requisitos gravosos para la inscripción y/o renovación del RNT (...) e introduce exigencias como el Registro Mercantil para todos los prestadores, incluidos aquellos que no son comerciantes, certificados de uso del suelo, conceptos sanitarios, la obligación de presentar un reglamento de propiedad horizontal, entre otros”.
Así mismo, señala que “estas cargas afectarían una actividad de huéspedes y prestadores de servicios turísticos, que generó más de 10,6 billones de pesos en 2024 en Colombia, contribuyó al sostenimiento de más de 215.000 empleos y permitió que más de 600 municipios fortalecieran sus economías locales”.
Si el borrador del decreto entrara en vigencia, según Airbnb, la informalidad aumentaría, habría menor control estatal, “menor recaudo impositivo y una reducción de la capacidad del país para recibir visitantes, especialmente en territorios donde la vivienda turística ha suplido la falta de infraestructura hotelera y apoya directamente a miles de hogares”.
Opiniones siguen divididas
De acuerdo con Olsen, la mayor reticencia está en las certificaciones de uso del suelo, y que les pidan la aprobación de la Asamblea de propietarios del edificio; esto, como dijo anteriormente, para sus homólogos en otras ciudades de Colombia.
“Entonces, si nosotros ya estamos cumpliendo con esos requisitos hace varios años, yo me pregunto: ¿firmamos o no firmamos la carta? Y me respondo que cada quien lo hará independientemente, de pronto por solidaridad con el gremio en el interior del país; aunque no estoy tan seguro sí con la firma del documento, el Gobierno nacional cambiará su idea de expedir un nuevo reglamento”, recalcó.
Cabe destacar, para finalizar, que las opiniones frente al proyecto de borrador siguen divididas. Por un lado, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombia de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), dos gremios de amplia trayectoria en el país, respaldan totalmente la medida.
Del lado contrario, voces como la de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) han sentado su rechazo, señalando que estas restricciones podrían impactar a “miles de familias de clase media que dependen de este ingreso para conservar su vivienda”; y porque se disminuiría la llegada de visitantes a zonas rurales y municipios, sin infraestructura hotelera.
Según sus cifras, solo en 2024, llegaron casi 7 millones de visitantes internacionales, por cuanto la vivienda turística, ofertada a través de plataformas digitales, fue clave para democratizar el servicio de hospedaje.
Otras estadísticas de CCIT reflejan que este modelo ha generado más de 215.000 empleos en Colombia y ha aportado US$554 millones al PIB turístico de Colombia. Además, asegura que más del 95 % de los anfitriones se encuentran registrados en el RNT, lo que demuestra que los esfuerzos pasados para la formalización y regularización del ramo fueron exitosos.
(Foto: El Colombiano)
