El pasado 10 de enero entró en vigor un acuerdo fundamental para la protección marina: un instrumento jurídicamente vinculante que contempla transformar la altamar y el lecho marino internacional. Gobernanza inclusiva, con participación de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, este tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende fortalecer la gobernanza del océano, en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.
Tras casi dos décadas de elaboración, este acuerdo internacional marca un importante paso adelante en los esfuerzos por garantizar la salud de los ecosistemas oceánicos durante las próximas décadas.
Puntos clave que hay que saber
Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90 % del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.
Este tratado es importante porque es el primer instrumento oceánico jurídicamente vinculante, que contempla una gobernanza oceánica inclusiva, con disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como sobre la igualdad de género.
Se espera que, una vez plenamente implementado, el Acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
En declaraciones a Noticias ONU, el diplomático tanzano Mzee Ali Haji, quien encabezó el equipo negociador de su país durante las discusiones del tratado, afirmó que éste representa un gran avance en la protección de las aguas internacionales.
“Todos deben tener en cuenta que ahora existe control sobre la actividad en la altamar. Por ejemplo, cuando se contamina, se es responsable de los propios actos”, recalcó.
¿Quiénes se han adherido y quiénes no?
El acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994.
El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (el plan impulsado por la ONU para resolver los desafíos más complejos del mundo).
Muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil.
China tiene un impacto especialmente importante en las industrias vinculadas al océano (como la construcción naval, la acuicultura, la pesca y el petróleo y gas marinos), ya que exportó unos 155.000 millones de dólares en bienes relacionados con el océano en 2023, según cifras de la agencia de comercio de la ONU.
Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia.
Estados Unidos, la mayor economía del mundo, se encuentra entre los cinco principales exportadores de bienes relacionados con el océano (61.000 millones de dólares). Aunque el país adoptó el tratado en 2023, todavía no lo ha ratificado y el Senado no ha actuado al respecto.
India, uno de los principales exportadores entre las economías en desarrollo (19.000 millones de dólares), adoptó el tratado en 2024, pero la legislación nacional para su ratificación aún está pendiente. Si bien el Reino Unido presentó legislación sobre el tema en 2025, el Parlamento todavía debe ratificarlo.
Rusia sigue siendo uno de los pocos países que no ha adoptado ni ratificado el tratado, alegando su deseo de preservar los marcos de gobernanza existentes y garantizar que se mantenga la libertad de navegación y de transporte marítimo en aguas internacionales.
¿Qué sigue?
La puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.
“Cuando se negocia algo, no se puede lograr que el 100% de las personas lo ratifiquen o lo acepten en un solo momento. Algunos solo observan y luego, cuando ven las ventajas, se suman. Creo que en el futuro otros se unirán”, agregó Haji.
Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas. Según el texto del acuerdo, la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor.
(Foto: archivo Gobernación)
