¿Han pensado los residentes y raizales en el futuro de las islas frente a una eventual invasión de los Estados Unidos (EE.UU.) en Colombia? Y frente a una amenaza tan patente ¿Por qué no salieron a manifestarse en defensa de nuestra soberanía? Estas no son preguntas retóricas.
Son interrogantes urgentes que deberían estar en el debate público del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente cuando el Caribe se encuentra en un juego geopolítico estratégico de control, presión y disputa.
Un ejemplo claro de esta limitada reacción se evidenció en el acto del 7 de enero pasado, convocado en defensa de la soberanía y la democracia, tras las declaraciones del presidente de los EE.UU., quien llegó a sugerir una intervención militar o acciones similares a las que llevó a cabo en Venezuela, que derivaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y el control de los recursos energéticos de ese país.
En contraste con otras ciudades del país, en las islas no se registró un llamado organizado ni articulado desde los distintos sectores políticos, gremiales, sociales o mediáticos. Asistieron como tantas veces los mismos ciudadanos comprometidos y unos cuántos turistas, concentrados en el parque Simón Bolívar. Hubo convicción y voluntad, pero no hubo eco.
Asistí con varias preguntas preparadas, pero bastó formular la primera para entender una de las razones de la baja convocatoria: parecía haber pocos pensando sobre cómo una situación de esta magnitud podría afectar directamente a las islas.
La pregunta fue directa: En caso de una intervención o invasión de los EE.UU. a Colombia, ¿cómo cree que se vería afectado el archipiélago?
Insistí también en algunas vulnerabilidades específicas: la posible reactivación o reinterpretación del tratado Vásquez-Saccio* y una eventual exploración de hidrocarburos en nuestro mar, con impactos significativos sobre la Reserva de Biósfera Seaflower, la pesca artesanal y los procesos de vecindad y cooperación que se construyen entre los pueblos del Caribe Occidental, entre muchas otras consecuencias que aún no se dimensionan plenamente en este contexto de tensión geopolítica
Las preguntas luego se multiplicaron y se extendieron entre los asistentes de la pobre manifestación:
¿Por qué no hubo una convocatoria más amplia?
¿Dónde están los pescadores?
¿Dónde están los pastores y sus comunidades, los liderazgos y el pueblo raizal?
¿Dónde están los providencianos?
¿Dónde están los jóvenes y los estudiantes?
¿Dónde están los sindicatos, los educadores, los gremios, las asociaciones, los candidatos políticos, los congresistas, los diputados y sus simpatizantes?
La soberanía de Colombia, Nación a la cual estas islas se adhirieron en 1822, voluntariamente o no, no debería entenderse como un asunto partidista. La soberanía es, o debería ser, la expresión de un pueblo que defiende su territorio con dignidad, más allá de las coyunturas electorales o las afinidades políticas.
Existen antecedentes suficientes que muestran cómo el presidente de los EE.UU. ha vulnerado el derecho internacional en Latinoamérica y el Caribe no ha estado exento de la lógica de sus acciones y amenazas.
También hemos visto como en otros países, sectores de la sociedad han expresado su preocupación y rechazo, tanto en las calles como en los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, en lo local, estas situaciones parecen más como un asunto aislado y lejano.
Aun así, la normalización de las presiones sociales locales como el aumento de la violencia interpersonal y de bandas delictivas han ido incrementando la brecha para el pensamiento crítico y la movilización de la opinión pública que no esté condicionada por contextos políticos marcados por los impedimentos, el temor, las distintas formas de exclusión y lo que es peor aún, la indiferencia.
A este panorama se suma la polarización por la simpatía o antipatía hacia el presidente Gustavo Petro. Una polarización que ha llevado a sectores e individuos a expresar, incluso, su beneplácito frente a una posible intervención militar. Como si los barcos de guerra en nuestras aguas no fueran una amenaza directa a nuestra dignidad y pervivencia.
Pocos parecen dimensionar lo que hoy el gobierno de EE.UU. pretende imponer en la región. El Caribe ha sido tratado históricamente como un espacio de rutas estratégicas, trata de esclavizados, extracción de recursos, colonización, despojo territorial y fallos discordantes. San Andrés, Providencia y Santa Catalina conocen muy bien esa historia. ¿No hemos salido por completo de ella para meternos directo a otra peor?
Lo ocurrido en Venezuela repercute en toda la región. Asumir que Colombia, y particularmente el archipiélago, están al margen de esta escalada hegemónica implica ignorar no solo la historia de intervención, bloqueos e injerencias en el Caribe y Latinoamérica, sino también las profundas tensiones sociales que atraviesan hoy al propio EE. UU.
¿Cómo sentimos la soberanía de Colombia desde las islas? Fue otra pregunta que se quedó sin respuesta.
La amenaza de incursión o intervención fue real y aún persiste en el ambiente. Pero lo que más debería llamarnos la atención es la limitada reacción colectiva de residentes y raizales frente a un escenario que compromete el presente y el futuro no solo de Colombia sino de nuestro maritorio.
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* Tratado de 1972 entre Colombia y Estados Unidos, que definió límites marítimos y otorgó a los pescadores estadounidenses "derechos históricos" en las islas de San Andrés y Providencia, generando controversia sobre la soberanía y las áreas de pesca, y que fue objeto de debate y críticas por supuestamente ceder derechos colombianos, especialmente en el contexto de litigios con Nicaragua sobre los cayos.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
