Diferentes actores institucionales del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se reunieron con representantes de la población para examinar los pormenores de los procesos que adelanta la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el territorio insular.
Lo anterior, un día después del plantón realizado sobre la Avenida 20 de Julio por parte de miembros de la familia Ramírez James –que fue notificada sobre una orden de desalojo por parte de la SAE– y otras personas que, en forma solidaria, se unieron a este clamor.
El encuentro buscó dar garantías a las personas que tengan vigentes algunos asuntos judiciales en materia de tierras, tratando de hacer valer los derechos y tiempos que debe llevar cada caso.
Si bien no se llegaron a acuerdos totales sobre estas coyunturas, sí se logró concretar una reunión con entidades del orden nacional, local y ciudadanas con el fin de que se dé claridad sobre estos asuntos que cursan en la actualidad.
La fecha de esta cita estaría pactada para el próximo 29 de agosto.
Así las cosas, los manifestantes que estaban apostados en la avenida 20 de julio, levantaron el bloqueo, con el compromiso de que no se hagan los desalojos programados y, del mismo modo, se lleve a cabo la reunión planteada.
Testimonios
Alcides Ramírez James, una de las personas afectadas por las decisiones de la SAE, fue parte de esta mesa de trabajo, manifestando que persiste un sin sabor debido a que no se contó con la totalidad de los actores citados, por lo que esperan que en la próxima oportunidad sí se dé la presencia necesaria.
“Creo que nos acercamos, aunque no tuvimos la presencia física de la Sociedad de Activos Especiales. Lo esperábamos. Estamos cansados de ´noticas´, no hubo muchas certezas. El 29 veremos qué pasa. Sin embargo, puedo decir que la gente se ha pronunciado expresando su descontento”, dijo Ramírez.
Por otra parte, el gobernador de las islas, Nicolás Gallardo Vásquez, acompañó esta jornada y explicó que desde la administración departamental se dispondrá de todas las capacidades para dar plenas garantías a los raizales.
“Nosotros hicimos una acción de cumplimiento y solicitamos una medida cautelar para que los diferentes bienes e inmuebles de las islas no puedan ser enajenados de forma temprana, sino que por el contrario haya un consenso sobre los usos y usufructo de los mismos”, concluyó Gallardo.
