A esta hora, miembros del Pueblo Raizal y residente de las islas continúan la jornada de protesta pacífica en las instalaciones de la Oficina Control, Circulación y Residencia (OCCRE), ante denuncias de presuntos ingresos de personal foráneo a realizar trabajos en el Departamento Archipiélago.
En efecto, tras una jornada de intensos diálogos con las autoridades locales en la que se expusieron las motivaciones de esta concentración, se acordaron algunos puntos, aunque persistirá el bloqueo preliminarmente.
La motivación del mitin es clara: abogar por el respeto del trabajo de los locales, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los manifestantes, se estaría incluyendo notoria mano de obra foránea en algunos de los proyectos que avanzan en obras pública y/o privadas de San Andrés.
Esto va en consonancia con ciertos reclamos que se hicieron en días pasados por parte del gremio de trabajadores de la construcción, donde denunciaban que presuntamente en las obras de infraestructura del nuevo Museo Raizal se tendría personal foráneo.
Sobre este punto, es preciso anotar que esta iniciativa (el museo) parte de un proceso de consulta previa, el cual es de obligatorio cumplimiento, y que entre uno de sus puntos establece la necesidad de primacía de trabajadores isleños y/o residentes legalmente establecidos en el Departamento Archipiélago para los proyectos que se lleven a cabo en su territorio.
De esta manera y a la luz de este contexto se consumó el bloqueo. Raizales y continentales se dirigieron a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) para exigir respuestas ante estas situaciones y reivindicar los derechos legalmente establecidos en el decreto ley 2762 de 1991, la ley 47 (marco) de 1993 y el artículo 310 de propia Constitución Nacional de 1991.
Con la presencia los secretarios de Infraestructura, Cristian Cañón; de Gobierno, Arlington Howard; el director de la Occre; Delroy Gordon y de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, se escuchó a las partes y se plantearon posibles soluciones ante estos requerimientos, entendiendo la importancia de que avancen las obras y, además, se respete al sector constructor de la isla.
TESTIMONIOS
La veterana dirigente Ofelia Livingston, una de las abanderadas de estas peticiones, indicó que continuarán con estos ejercicios hasta cuando se garanticen las demandas sociales expuestas históricamente.
“Acordamos varios puntos: que se haga un otro sí del contrato y se incluya que el contratista se debe reunir con el pueblo étnico raizal y definir cuáles son los perfiles que se necesitan. También, nos darán reporte de quién dio el permiso para que se trajera a gente de afuera a laborar acá”, anotó.
Por su parte Delroy Gordon dijo que se hizo todo el acompañamiento pertinente para escuchar a la población y tratar de darle trámite a sus voces.
“Constatamos que la consulta previa es clara, por eso procedimos a consensuar: avanzamos para poder levantar los bloqueos”, explicó.
Por lo pronto, y hasta nuevo aviso, continuará el cese de actividades en la Occre, con el fin de dilucidar con claridad cuál será el marco ajustado a la norma para que se pueda dar solución a este reclamo ciudadano.
