Por desacato a una orden de tutela interpuesta por la Procuraduría, fueron sancionados con arresto y multa los representantes legales de la Unión Temporal (UT) Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), encargados de restablecer la conexión del servicio de acueducto en San Andrés.
Así lo informó la Procuraduría General de la Nación, luego de la declaratoria de desacato a un fallo de tutela instaurado por la propia entidad para garantizar el servicio de agua potable. Dicha sanción fue emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
"El Juzgado precisó que, aunque el Ministerio Público manifestó que han transcurrido más de seis meses sin que se realice la instalación de los registros de paso necesarios para la instalación del cableado requerido, la planta desalinizadora está funcionando a media marcha", citó la Procuraduría a través de un comunicado.
Además, la Procuraduría señaló que a los sancionados se les concedió un mes para reparar la red de media tensión eléctrica del circuito de la desalinizadora, sin que a la fecha hayan cumplido ni dado respuesta alguna sobre el tema.
Debido a estos motivos, el Juzgado decidió sancionar a los representantes de dichas empresas con cinco días de arresto y el pago de una multa, además de exigir la agilización de las reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento de la desalinizadora y garantizar el suministro de agua potable para los isleños de manera inmediata.
¿Fraude a resolución judicial?
Según indicó la Procuraduría, dados los anteriores argumentos, el Juzgado "consideró que se desconoció lo resuelto en el fallo de tutela 0071-24 del 12 de septiembre de 2024, a través del cual se protegió y garantizó el derecho fundamental al agua a la población de San Andrés".
Asimismo, se puntualizó que tanto la UT como Aremca han guardado silencio, omitiendo sus deberes frente a la realización de la obra contratada.
Finalmente, la Procuraduría informó que el Juzgado de la isla remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se indague sobre la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial.
