Frente a este tema tan incómodo, deberíamos empezar por aceptar que si bien es cierto que las lluvias han contribuido en el desborde de las aguas residuales, también sería justo que, en favor de este entorno natural que tanto ha dado al sector turístico y a la gobernación, la ambición se detuviera un poco y nos permitiéramos repensar que es lo más conveniente.
En mi amor por esta isla que me ha dado tanto, propondría: en principio un cierre temporal al ingreso de turistas junto con el control total al ingreso de nuevos pobladores. Que la circulación por ese período sea sólo de los pobladores que puedan demostrar su derecho a ingresar.
Además, diseñar un plan para recoger todas estas aguas servidas en cada hotel y eliminar el emisario submarino, con la finalidad de producir biomasa orgánica para un gran proyecto a largo plazo de cría en cautiverio de especies animales y especies vegetales.
Mientras tanto, al mismo tiempo, diseñar y estructurar una política pública económica basada en el mar y subsidiariamente en la hotelería y las actividades que correspondan. Esta política de aprovechamiento sostenible del mar debe estar dirigida a cuidarlo en todos los sentidos posibles. Limitar técnica y operativamente todo vehículo marítimo que con su ruido, velocidad y fluidos contaminantes están afectando el ecosistema. Lo anterior obligando a limitar las actividades que se desarrollen en el mar.
De otra parte, partiendo de la realidad de que los sitios conocidos como ‘el palito’ y ‘white wata’, son prácticamente desiertos submarinos y de no ponerse freno a las actividades hoy autorizadas se convertirán en un campo baldío producto de nuestra inconsecuencia.
Por lo tanto, es urgente establecer un número de visitantes inferior a la media de la población actual, que nos permita tener un plan lógico del uso de los acuíferos.
Por último, todo lo que está bajo el subsuelo es del Estado, entonces no podrá haber particulares comercializando el recurso hídrico como si fuera propiedad privada.
Así las cosas, se impondrían tasas impositivas del orden departamental a los mayores contribuyentes involucrados en las actividades turísticas para inversión social y ambiental de las islas.
