El archipiélago donde vivimos, además de sus hermosas playas, exuberante biodiversidad, riqueza cultural y estratégica posición en el mar Caribe, posee sus propias amenazas. Gracias a las evidencias, la academia y, sobre todo, el clamor popular, las entidades responsables van entendiendo y atendiendo también sus severas problemáticas ambientales y climáticas.
En ese orden de ideas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGDR) ha ‘pelado el cobre’ en varias oportunidades. Lo sucedido por estos días en una veintena de viviendas de Providencia y la calidad de las obras de reconstrucción se fue abajo con el primer ventarrón. Sopló tan fuerte que la seguridad puso al descubierto el concepto de soberanía.
Cuatro años después del IOTA el director actual de la misma entidad afirmó “aquel huracán que destruyó el 98% de Providencia y Santa Catalina, fue el último evento de la temporada y su lento paso sobre las islas mantuvo por casi un día a todos sus habitantes debatiéndose entre la vida y la muerte. Aún hoy el país no dimensiona las proporciones de aquella tragedia”.
Por otra parte la acción popular que dió origen a la Sentencia T-333, puso aun más al descubierto los presagios de la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. Y no es para menos, hay que considerar que los efectos del cambio climático y la afectación en sitios vulnerables como el archipiélago vendrán año por año, cada vez con mayor ímpetu.
Partiendo del axioma: “los huracanes son naturales pero la tragedia es del orden de humanos”, es perentorio incrementar la resiliencia de la población de forma masiva, educar a la población de manera que desde las asociativas comunales, eclesiástica, ONGs, instituciones educativas en sus primeros cursos, participen en educación al respecto.
En buena hora se ha fortalecido la Secretaría de la UGRD local con el nombramiento de un experimentado funcionario proveniente del Cuerpo de Bomberos local con experiencia demostrada en múltiples ocasiones. El fortalecimiento del sistema de alcantarillado es de orden prioritario, para reducir la vulnerabilidad a partir de los servicios públicos.
Además, la Asamblea Departamental en conjunto con gremios como la Sociedad Colombiana de Arquitectos (Regional San Andrés y Providencia) y la Asociación de Ingenieros de San Andrés (AISA) deben generar una norma adaptada al cambio climático y su influencia local en el cual queden claros cuáles son las condiciones de construcción dentro del archipiélago.
En conclusión: ‘el deber ser’ en relación de soberanía aplicada a la amenaza que nos rodea que hoy se resume en una palabra: resiliencia.
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