El Consejo de Estado le dio cierre a la disputa iniciada por pescadores locales de Providencia y Santa Catalina que, a través de una acción popular, buscaban evitar el daño irreversible que una estación de guardacostas planeada por la Armada de Colombia podría generar sobre el ecosistema costero; más específicamente en la desembocadura del arroyo Bowden.
Como se recordará, en noviembre de 2020, tras el paso del huracán Iota sobre ese municipio, la Armada retomó una iniciativa para construir una estación en dicho lugar, ubicado en el sector de Old Town. Aunque el proyecto ya había sido rechazado por la población raizal, en un proceso de consulta previa entre 2015 y 2017, su construcción fue nuevamente retomada en 2021.
La Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina, integrada por las asociaciones I-Fish, Pesproislas, Asopesboth y Fish and Farm, estuvo en contra de esta construcción, ya que esa nueva estación militar podría bloquear el ingreso de las embarcaciones pesqueras que arribaban al muelle.
De ahí que estas personas permanecieron por más de dos años en el denominado ‘Dignity Camp’, un campamento permanente para rechazar la instalación de esa base de guardacostas.
Igualmente, presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés para que protegiera sus derechos colectivos, así como de toda la población raizal, al uso y goce del ambiente sano, y el cumplimiento de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio, que no permite la construcción de edificaciones en cercanías de espacios medioambientales relevantes como el arroyo Bowden.
Durante el proceso judicial, la construcción se detuvo. En diciembre de 2021, el Tribunal emitió una medida cautelar para que la Armada la suspendiera, hasta que se profiriera una sentencia de fondo. Esta decisión tomó más relevancia cuando este Tribunal, en la sentencia de primera instancia, ordenó la interrupción de la obra.
Posteriormente, luego de una apelación por parte de la Armada, el caso se remitió al Consejo de Estado para que revisara la decisión del Tribunal. Al igual que I-Fish, el colectivo nacional ‘Dejusticia’ presentó una intervención solicitando mantener en firme lo logrado en el Tribunal.
De esta manera, en la sentencia del 22 de febrero de este año, finalmente se concluyó este proceso a favor de las peticiones de los pescadores.
Nuevamente, el Consejo de Estado respondió a la Armada que, aunque la Fuerza Pública puede realizar las acciones y proyectos pertinentes para la protección del orden público, está subordinada a las normas ambientales y urbanísticas que rigen a nivel general.
Aclaró, además, que en esta acción no se requiere que se presente un daño en específico que deba ser probado, sino que en este caso, la acción sirve de forma preventiva para la ocurrencia de efectos negativos para las poblaciones.
Por ende, la sentencia reiteró los dos argumentos principales que motivaron la acción popular desde 2021: por un lado, la construcción de la estación afectaba de forma desproporcionada el ecosistema estratégico del arroyo y el manglar en la zona de Old Town. Y, por otro, la Armada no podía construir en el predio donde se pretendía hacer la base, porque es un lugar protegido específicamente en el EOT y no contaba con todos los permisos ambientales para adelantarlo.
(Con información de Dejusticia)
