La reciente declaración del Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como Sujeto de Reparación Colectiva es un acto de la mayor relevancia y trascendencia porque, finalmente, reconoció de manera oficial la condición de víctima a gran parte de la comunidad del Archipiélago.
Aquí se está registrando como y de qué manera la violencia en territorio continental trascendió a las islas de este Caribe suroccidental afectando oprobiosamente a los pobladores originarios, virtuosos capitanes de altura puestos al servicio del narcotráfico y demás trashumancias irregulares.
Las evidencias del reclutamiento recopiladas permitirán justas reparaciones individuales y colectivas a un pueblo cuyo maritorio fue y sigue siendo vulnerado por la generalización de acontecimientos condenados como afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
De esta manera se posibilitará el acceso de estas víctimas en el archipiélago a la verdad, la justicia y la reparación y a garantías de no repetición, en lo posible, por el reconocimiento a estos derechos constitucionales vulnerados desde las últimas cinco décadas, por lo menos.
Podremos reivindicar a un pueblo, otrora pacífico e imperturbable, que asistió al avasallamiento de su hábitat por medio de la sobrecarga poblacional y un insostenible del espacio para transportar ilegalmente estupefacientes, armas y personas, entre otras calamidades.
Aquí nadie podrá llamarse a engaño cuando desde estamentos oficiales se alentaron “inversiones” sobre predios y propiedades inmobiliarias con dineros de procedencia ilícita perjudicando gravemente la normalidad comercial, causante entre otros factores de inflación, como ocurrió en las décadas de los ochenta y noventa con el llamado Cartel de Cali, por ejemplo.
Otros grupos armados y organizaciones han penetrado a las islas ilegítimamente reclutando a nuestros jóvenes y habitantes para delitos transnacionales, incorporando prácticas de ‘cuentas de cobro’ devastadoras con sicarios ejecutores de la muerte y múltiples desapariciones.
Por todo esto y mucho más, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, mediante este acto administrativo, ético y moral principió una nueva era en la que tendrá que pasar, de la mano de las autoridades y la soicedad civil, al cumplimiento de un gran propósito: la reparación del Pueblo Raizal.
