En esa perspectiva es importante no desaprovechar el-full_potencial del ‘poder blando’ de lo raizal a la hora de tratar de concretar tanto nuestro sueño de acercamiento al Caribe como la de avanzar la agenda de reivindicación étnica al interior y al exterior de nuestra aflictiva frontera azul.
A nadie le conviene desestimar o desaprovechar su capacidad de influencia otorgada por su afinidad cultural y lingüística con Nicaragua y el Caribe.
La significativa participación diplomática raizal de ahora sigue la tendencia de la proyección de la política exterior entre 2012 y 2022 como mecanismo de manejo y control de la opinión pública isleña y como estímulo para el acercamiento bilateral en el contexto del diferendo limítrofe.
Con ello también se busca consolidar para el país un ‘etno-nacionalismo’ y etno-regionalismo’ con la doble función de atender nuestras preocupaciones étnicas locales pero al mismo tiempo fijar un mayor enlace y blindaje con Colombia.
Ello constituye un cambio fundamental con las políticas anteriores que enfatizaban el control de soberanía nacional donde los intereses étnicos se manejaban con un tratamiento militar y desde una perspectiva de seguridad nacional que no permitían el acercamiento caribeño. Este cambio de enfoque guía el argumento de la inserción hacia el Caribe comenzando por un acercamiento a Nicaragua.
Pero es necesario darle forma y alas a una agenda diplomática colmada de buenas intenciones pero exenta de funciones. La infraestructura y el despliegue diplomático no acompañan las ideas esbozadas. Hay, por ejemplo, una seria falta de mecanismos de cooperación y acercamiento que impiden configurar una agenda diplomática con Nicaragua, sin la cual la estrategia hacia el Caribe sería incompleta para las islas.
La ausencia de un diálogo fluido con Nicaragua está afectando los intereses isleños y raizales, los mismos que se prometió defender. En particular en relación a la pesca artesanal y para recuperar algo de lo perdido en 2012, como Colombia quiso lograr en La Haya pero los jueces le dijeron que debería hacerlo con el diálogo con Nicaragua y no por vía de la fuerza legal.
Lo que se ha hecho no constituye un avance en relación a lo hecho por otros gobiernos ni se asemeja al increíble despliegue estratégico y legal visto allá en La Haya para lograr defender y recuperar derechos étnicos isleños.
El Canciller Leyva se reunió hace poco con el agente nicaragüense Arguello pero no quedaron en evidencia resultados positivos. La reciente reunión en San Andrés con el CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe, viene del programa de cooperación de Duque plasmada en la Declaración de Barranquilla II de 2021, donde se enfatizaron aspectos que si bien son pertinentes a las islas no son exclusivos para ellas como se esperaría, como el tema de cooperación cultural y lingüística.
Ello evidencia que en el contexto isleño y nicaragüense, una política internacional incluyente de acercamiento latinoamericano, protección ambiental y temas transversales como la equidad y justicia social están supeditados al cuarto pilar de la política internacional colombiana, el logro de la llamada paz total, donde el rol de Nicaragua es insustancial.
Todo ello reverbera más allá de simples intenciones debido a las contradicciones a que apuntan y por la coyuntura en que se presentan de la indispensable necesidad de poner fin a la disputa territorial para sellar la paz con Nicaragua y asegurar progreso, orden y paz en las islas.
Adicionalmente, la política hacia el Caribe proyectada desde las islas debe articularse mejor en función de los objetivos. Es necesario escuchar a los isleños porque somos los que podemos estructurar un adecuado enfoque multidimensional a favor de lo étnico, del desarrollo transfronterizo e insular y para ayudar a sanar las dificultades del fallo de 2012.
Negociar y sobre todo a aceptar un nuevo tratado de límites no será tarea fácil. Pero aún no sabemos qué queremos y hasta dónde ceder. No nos han consultado. No lo hemos debatido.
Pero los dos son necesarios porque no habrá sueño caribeño sin Nicaragua y sin atención al diferendo y las consecuencias territoriales y diplomáticas del fallo de La Haya de 2012. Todo lo cual apunta a la posibilidad de dejar definiciones para el futuro, en gran parte porque no hay presiones desde las islas de hacer algo. ¿Se ha convertido la confrontación en una excusa para la indefinición y por ende la inacción?
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.