Es un día que pasa desaparecido en las islas, pero no debería. Este 18 de agosto, se conmemora el Día Nacional contra la Corrupción, que este año cobra mayor significado porque tiene de trasfondo un proceso electoral aturdido y asediado por las tragedias del pasado, la confusión del presente y la ansiedad del futuro.
Sin embargo, aunque no se conmemora y es poco probable que se haga, hay algo que hace que la lucha anticorrupción en las islas tome un rumbo, si se quiere, optimista.
Se está fortaleciendo su narrativa y sus estrategias con argumentos de derechos humanos, un poderoso aliado para atender el evidente fracaso de intentar acorralar las depredadoras irregularidades administrativas locales con los tradicionales mecanismos e instituciones de control.
La ONU y la OEA ya resaltan la corrupción como una violación de los derechos humanos y en todo el mundo se viene enfatizando la relevancia práctica de abordar desde la perspectiva humana y social la lucha contra el desfalco y la malversación de dineros destinado a mejoras sociales.
La corrupción está inversamente relacionada con los derechos humanos. Los une un circuito de retroalimentación negativo que exige este nuevo marco estratégico y legal, donde el enfoque central es el ciudadano agredido y no el funcionario agresor ante la evidencia de lo que se deja de hacer, o se hace, afectando nuestros múltiples derechos.
Nuestros gobiernos e instituciones tienen tres obligaciones frente a nuestros derechos humanos: respetarlos, protegerlos y cumplir con lo que ordena la ley, pero se hace todo lo opuesto.
Porque la corrupción en todas sus dimensiones incapacita el cumplimiento de obligaciones hacia la sociedad y por eso es la principal razón por la cual los isleños no vivimos mejor. Es además el principal obstáculo para el disfrute de los múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que la Constitución, la ley y los organismos internacionales nos reconocen.
Lo peor de todo es que tiene un efecto cruel en la inequidad y genera una correlación preocupante con la vulnerabilidad, porque los más afectados son los más pobres y necesitados, y así lesiona el derecho a la igualdad de oportunidades. Los más vulnerables desde luego, son los grupos étnicos y los más pobres.
En unas islas donde la reivindicación étnica es un tema referido más que cualquier otro en la agenda gubernamental local y nacional, no debería existir una correlación tan obvia y directa entre necesidades y derechos étnicos y una corrupción que no las atiende.
Existe, por ejemplo, un problema muy serio cuando un adulto mayor raizal ciego aún no ha recibido ayuda estatal después de que su casa quedara destruida por el huracán…
O cuando el constante aumento poblacional viola derechos étnicos a pesar de que la Constitución de 1991 visualizó a la OCCRE como una entidad protectora de derechos humanos raizales a través del control poblacional y la misma institución se ha convertido en un canal fácil para estimular el aumento de la población que pone en peligro la supervivencia étnica.
Unas lanchas también ilustran bien el nexo perverso entre corrupción y derechos humanos. Han sido escenarios de múltiples asesinatos y violaciones de derechos humanos asociados al tráfico de drogas y el transporte de armas que alimentan un espiral de inseguridad que parece no tener fin. El mismo Gobernador isleño ha dicho que ‘San Andrés está llena de armas’.
Nada más, hace poco una emergencia nos recordó que tres costosas ‘lanchas- ambulancia’ yacen inservibles cuando debieron haber estado listas y equipadas para transportar un paciente de gravedad desde Providencia, prueba contundente de que el cáncer de la corrupción viola el derecho a la vida. Y de paso subraya tres serios problemas que van de la mano con la corrupción: la indiferencia, la negligencia y la ineptitud.
La corrupción es el fenómeno más insidioso que ha dejado impactantes legados políticos de fracasos, escándalos y ‘elefantes blancos’, y que ha hecho que la palabra y la promesa política e institucional se hayan devaluado por completo y la administración pública local haya perdido la capacidad de razón y de guiar a las islas por los caminos del bien y de lo necesario.
Algo esperanzador es que las islas son un campo ideal para que prospere la perspectiva de derechos humanos en la lucha anticorrupción porque las cuestiones étnicas, medioambientales, de seguridad y de salud han sido por años el centro de atención en relación a asuntos de derechos humanos.
El enfoque ahora debe orientarse en prevenir más daños y en asegurar impactos positivos que mejoren la situación de los derechos humanos y socioeconómicas de todos los isleños.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
