La comunidad de Providencia y Santa Catalina golpeada muchos años por el flagelo de la droga, marchó contra el narcotráfico como una respuesta a los últimos hechos en que cuatro personas oriundas de la región fueron brutalmente asesinadas en Barranquilla y Santa Marta, en hechos vinculados al tráfico de estupefacientes.
A la marcha concurrieron líderes religiosos de todas las parroquias e iglesias bautistas, cristianas y adventistas; que junto a la fuerza pública, trabajadores de la alcaldía, el Sena y estudiantes de los diferentes planteles educativos, rechazaron las acciones del trafico de drogas y la utilización del territorio, como puente del negocio ilícito hacia Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.
Cientos de providencianos marcharon y rechazaron esta práctica que lejos de generar prosperidad; ha dejado desazón, luto y pesar en varias generaciones de hombres y mujeres isleños.
“Esta desenfrenada carrera (del tráfico de drogas), hoy colma las cárceles de Tampa, la Florida, Nueva York, México y algunas de Centroamérica y del Caribe con cientos de isleños privados de su libertad y sin posibilidades de recobrar su libertad porque no cuentan con recursos para adelantar los trámites requeridos”, dijo Benito Huffington, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores..
Y qué decir de aquellos que se fueron y nunca volvieron porque desaparecieron en la inmensidad del mar Caribe…
Oportunidades y empleo
En Providencia y Santa Catalina, la generación de empleo es escaza y la mayor fuente de oportunidades es la alcaldía, hoy limitada para vincular personal a su nomina, tras haber sido intervenida años atrás por la División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente existe un puñado de entidades descentralizadas y de hoteles que proporcionan otras plazas,
De esta manera los jóvenes encuentran una oportunidad de ganar unos cuantos dólares alimentado con gasolina las llamadas lanchas go-fast, o arriesgando sus vidas como tripulantes o capitanes de estas embarcaciones rápidas, que son perseguidas por las autoridades de Colombia, Estados Unidos y los países centroamericanos con los cuales se han suscrito tratados de interdicción.
