El director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), Arne Britton González, se pronunció respecto a la grave situación sanitaria y ambiental que se presenta en Providencia y Santa Catalina, a causa del temprano rebose de los pozos sépticos instalados durante la reconstrucción. Vienen sanciones.
Tras numerosas denuncias interpuestas por ciudadanos del municipio, el jefe de la autoridad ambiental instó a no seguir firmando el recibido de las obras; y dijo que se emitió un documento técnico recomendando al alcalde, Jorge Gari Hooker, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, declarar una Emergencia Sanitaria y Ambiental para adoptar medidas urgentes puesto que el problema se está multiplicando.
Así mismo, aseguró que se vienen haciendo requerimientos desde el mes de febrero a Findeter y a los consorcios encargados de la reconstrucción de las viviendas, para detener el proceso y analizar lo que está sucediendo.
“En un principio fue porque no habían construido una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para la atención inicial de la emergencia. Ahora es por el tema de los pozos sépticos que, según nuestro diagnóstico, de un centenar que hemos analizado, en su gran mayoría los que presentan rebosamiento son los de las casas que ya están habitadas”, explicó Britton González.
¿Mal diseño?
Según el director, esta situación ocurre en promedio a los ocho días de estar en uso el sistema sanitario, lo que no es lógico –en sus palabras–, si han sido construidos bajo estándares técnicos como aseguran los responsables.
Igualmente, los consorcios insisten que el sistema se construyó de manera estandarizada y que ese socializó con la comunidad de forma previa. A lo que Britton respondió que “una cosa es la socialización y otra es cuando se pone en marcha la obra, en casas habitadas por un número variable de personas; ahí no es viable la estandarización”.
Y añadió que ahí podrá estar el error, porque en un principio, con el diseño se estableció que se haría mantenimiento al sistema cada dos meses, pero los reboses se están presentando casi una semana después de ser habitadas las viviendas.
Lo anterior, adicional al potencial riesgo de salubridad pública, representa un gravísimo atentado ambiental, puesto que la mayoría de pozos, cuando se rebosan, van directamente hacia los ‘gullys’ (arroyos), afectando el recurso hídrico y los ecosistemas cercanos.
“Considero que hay una especie de ‘divorcio’ dentro del proceso de reconstrucción, porque arrancaron con un diseño y a pesar de los requerimientos que Coralina hizo para que nos informaran qué sistema iban a utilizar, no lo hicieron. Es más, hay varios pozos que quedaron bien después del paso del huracán, así que si están construyendo casas nuevas no los clausuren, por el contrario, busquen habilitarlos”, expresó el funcionario.
Proceso sancionatorio en curso
Una medida provisional que sugiere Britton, es habilitar la PTAR que se construyó para evacuar las aguas residuales de los más de 200 baños portátiles que se instalaron cuando ocurrió la emergencia; la planta y el vactor, que una vez fueron recogidas esas unidades sanitarias móviles, no siguieron funcionando.
Pero el llamado enfático a los consorcios que formula, como jefe de la autoridad ambiental de las islas, es modificar el cronograma de trabajo, revisar lo que se está construyendo y ajustarlo a lo que tenían los habitantes de Providencia y Santa Catalina anteriormente.
Para finalizar, el director aseguró que, dado que los requerimientos han sido sistemáticos (está la trazabilidad de ello), las sanciones a las que se podrían ver abocados los responsables de las obras serían una multa por no atender el requerimiento, otra por haber violado una medida preventiva y una más por haber generado un impacto sobre el medio ambiente.
“Este es el proceso que sigue: ya se compulsaron los respectivos ‘oficios de méritos’ y una vez notificadas estas comunicaciones, se procederá con la acción sancionatoria que significa multas económicas altísimas, que generalmente se subsanan con un acuerdo de pago o embargo de bienes de los sancionados”, afirmó.
Por último, el funcionario advirtió, adicionalmente, estas acciones contravencionales incluyen el compulsar copias a la Contraloría y a la Fiscalía, en el marco de su competencia, para que actúen de conformidad.
